América Latina y el Caribe se encuentra en medio de la denominada cuarta revolución industrial, que involucra la innovación tecnológica y que requiere mejorar la productividad del sector de los servicios, invertir en capital humano y reconfigurar la normativa laboral y las políticas de protección social, de acuerdo con un nuevo informe del Banco Mundial.
Estas prioridades de política se tornan aún más urgentes ahora que la pandemia del covid-19 está provocando la mayor contracción en la actividad económica desde la gran depresión.
Para el organismo financiero, la digitalización acelera esta transformación tecnológica, algo que podría hacer peligrar puestos de trabajo en toda la región de América Latina y el Caribe, y se vuelve más importante a la hora de impulsar la actividad económica en un momento de distanciamiento social.
De acuerdo con “Efecto viral: Covid-19 y la transformación acelerada del empleo en América Latina y el Caribe”, es probable que se profundicen las transformaciones laborales que comenzaron a observarse en las últimas décadas, por lo que las naciones deberán plantearse cómo recuperar sus economías de esta crisis y reconstruirlas de una mejor manera.
“Debemos repensar el futuro y no solo intentar volver al lugar donde estábamos previo a esta pandemia”, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
“Los gobiernos deben encontrar la manera de apoyar la creación de nuevos puestos de trabajo, capacitar a los trabajadores para que estén preparados para esos empleos y acompañar a los ciudadanos a lo largo de esta transformación disruptiva”, agregó.
La desindustrialización prematura y la innovación tecnológica acelerada demandarán políticas que apoyen una transformación paulatina del trabajo que sea socialmente aceptable.
La región ya estaba en dificultades tras la finalización de la llamada “década dorada” (2003-2013), de rápido desarrollo y fuertes mejoras en los indicadores sociales. Para el Banco Mundial, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza se estancaron, por lo que la pandemia empeoró esta situación.
Si bien el miedo a un posible “desempleo tecnológico” masivo es en gran medida infundado, muchos puestos de trabajo corren peligro debido a una menor demanda externa, a un período prolongado de cuarentenas y aislamientos, problemas de solvencia empresarial y, en algunos casos, crisis financieras. Asimismo, los disturbios sociales vividos en 2019 representaron una advertencia de cuánto urge recuperar la senda del crecimiento económica y crear más y mejores puestos de trabajo.
Sin embargo, esta cuarta revolución industrial de innovación tecnológica significa que, para muchos países en desarrollo, las posibilidades de alcanzar un mayor nivel de industrialización o reindustrialización son limitadas.
Los trabajadores de baja remuneración y aquellos en actividades de alto contacto, como ocurre en el sector informal, corren el mayor riesgo de ser reemplazados por la tecnología y es más difícil que esta población acceda a programas de protección social, explica el Banco Mundial, resaltando que la crisis del covid-19 podría acelerar estos cambios.
Para la institución, la modernización del sector servicios debe ser una prioridad, ante el poco espacio para el crecimiento del empleo industrial, lo que exige poner especial atención en eliminar las distorsiones que impiden que la competencia y la innovación tengan lugar a pasos acelerados.
Es fundamental preparar a los trabajadores para estos cambios. “La educación ofrece el mejor reaseguro frente a la amenaza de la automatización”, dijo el autor principal del informe, Guillermo Beylis, economista de investigación en la Oficina del Economista en Jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. “Los trabajadores tendrán que adaptarse a la demanda de habilidades cognitivas o analíticas, así como interpersonales”.
Los cursos de capacitación y reconversión para adultos serán claves a medida que los países de la región adoptan las nuevas tecnologías de automatización, estima el Banco. El foco debe estar puesto en reformas normativas que incrementen la productividad del sector servicios, que ya emplea al 60% de la fuerza laboral y que jugará un papel cada vez más importante en el futuro.
Por último, la entidad señala la necesidad de replantear las normativas laborales y de protección social, lo que implica una regulación flexible de las formas de trabajo incipientes que promueva el empleo y respalde la formalización, ampliando de esta manera la cobertura de la protección social a sectores más amplios de la población.
