El Gobierno, a través del Gabinete de Políticas Sociales, decidió distribuir entre la clase artística popular una partida de RD$100 millones como apoyo económico para paliar parte de los efectos de la parálisis de las actividades de entretenimiento por la pandemia del covid-19.
Aunque la intención no es mala, las críticas y cuestionamientos no se han hecho esperar, debido a que muchos otros sectores, tan necesitados y afectados como los artistas y músicos populares, también están sufriendo los efectos económicos del covid-19, tal vez, con más intensidad y no han recibido apoyo gubernamental.
Pero hay otro elemento, posiblemente de mayor delicadeza, que es la falta de cumplimiento a los procesos para las compras y contrataciones del Estado. Destinar una partida millonaria como pago adelantado a un grupo de artistas implica falta de soportes de las facturas, contratos y otras fallas, que se pueden traducir en corrupción. Cuidado.
