El Congreso de Perú aprobó, en segunda votación, una reforma constitucional que establece que el presupuesto destinado al sistema educativo nacional debe llegar, cuando menos, al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) anual.
La propuesta recibió 94 votos a favor, 6 en contra y 15 abstenciones, durante el pleno virtual celebrado en la noche del sábado, el último del año, en el que también se debate una nueva ley de promoción agraria para reemplazar a la que fue derogada hace dos semanas después de masivas protestas de los agricultores.
La reforma que establece el incremento del PIB para la educación, que en 2019 fue cercado al 4% y en 2020 al 3.8%, ya fue aprobada en una primera votación, con 115 votos a favor, en julio pasado, a pesar de la oposición que manifestó en ese momento el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Derecho fundamental
El dictamen fue sustentado por el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade, quien dijo que la educación es “un derecho fundamental” que garantiza el desarrollo de los países.
La iniciativa fue propuesta por el congresista Luis Valdez, del partido Alianza para el Progreso (APP), quien mencionó que existe “una enorme brecha” en el sector Educación en el país.
De esa manera, la reforma constitucional establece que “la educación es un derecho humano fundamental, que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invertirá anualmente no menos del 6 % del PBI”.
A pesar de reconocer la importancia y necesidad de incrementar este presupuesto, expertos y analistas señalaron que la reforma puede ser declarada inconstitucional porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto y el equilibrio del presupuesto es manejado por el Poder Ejecutivo.
Entrada en vigencia
Sin embargo, al haber recibido ya la aprobación en una segunda votación, la reforma deberá entrar en vigencia, por lo que si el gobierno de transición que preside Francisco Sagasti se opone solo podrá presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional.
A pesar de que el actual gobierno aún no ha expresado una posición oficial sobre el tema, el régimen que presidió Martín Vizcarra hasta noviembre pasado sí manifestó su abierta oposición por considerar que era una propuesta inconstitucional.
La entonces ministra de Economía, María Antonieta Alva, aseguró en julio que el proyecto carecía de “sustento técnico, tiene visos de inconstitucionalidad y afecta el presupuesto público, en una situación de pandemia”.
