República Dominicana trabaja en la incorporación de la movilidad eléctrica como una alternativa de futuro, debido a que los vehículos con esta tecnología tienen mayor fiabilidad, menor consumo y mejor posición respecto a políticas medioambientales.
A julio de 2014, cuando República Dominicana comenzó a importar vehículos eléctricos, existían 114 unidades. Seis años después, al finalizar 2020, en el país ya habían 1,905 automóviles eléctricos, un incremento absoluto de 1,791 unidades (un 1,571%), según datos de la Dirección General de Aduanas (DGA)
La Superintendencia de Electricidad (SIE) inició el proceso de consultoría para estudiar los aspectos normativos y tarifarios, con el objetivo de crear un marco regulatorio que incentive y norme el uso de estos vehículos, mediante la modificación de la Ley 103-13 de Incentivo a la Importación de Vehículos de Energía no Convencional y la 57-07 Sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables.
“Esos estudios son necesarios para el desarrollo de la regulación, ya que permitirían apoyar su impulso con los aspectos claves de la movilidad eléctrica en el país”, informó el ente regulador mediante un comunicado.
La consultoría, que se prevé que finalice en julio de este año, será realizada por la empresa alemana Energynautics y el grupo argentino Mercados Energéticos, las cuales cuentan con experiencia internacional en el sector eléctrico.
La entidad aseguró que se creará un comité de revisión para validar los resultados y recomendaciones de esos estudios, la cual estará liderada por la SIE, el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la GIZ a través del Proyecto Transición Energética.
El 28 de octubre de 2020 la SIE adelantó que ya tenía el borrador del reglamento y que socializarían con todos los grupos de interés del sector, en busca de establecer las reglas del juego lo más pronto posible.
Además, el nuevo marco busca regular el uso de los cargadores para los vehículos eléctricos, con el objetivo de evitar que se puedan exportar problemas a la red de carga.
