La oposición a la minería en República Dominicana tiene gran parte de su fundamentación lógica en varios factores: el primero tiene que ver con un pasado minero ominoso en Pedernales y Pueblo Viejo, Cotuí. En esos lugares se combinaron empresas mineras irresponsables con autoridades que no tenían el menor compromiso con su gente.
Allí predominaron las ventajas políticas y personales, por no decir, la lógica del saqueo, por sobre la ética y el servicio público profesional y comprometido. Aunque se ha hecho un meritorio esfuerzo de remediación -en el caso de Pueblo Viejo con la eficiente intervención de la Barrick-, todavía perduran algunas secuelas de aquellas prácticas de minería salvaje permitidas por administraciones donde el clientelismo desenfrenado y la percepción del Estado como una gran estancia de negocios campeaban a sus anchas.
Segundo, cargando con el peso de ese pasado, tenemos una ley minera que este año cumple sus bodas de oro y una institucionalidad todavía débil en la que a menudo afloran con fuerza elementos del pasado, para desgracia de la nación. A ello se suman un control ambiental débil, por no decir en muchos casos absolutamente ineficaz y de aplicación ocasional. No hay una ley que sea burlada tantas veces en un día como la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales núm. 64-00 (quizás compita con la joven Ley No. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial).
Ciertamente, exigimos mucho a la minería, y no dejamos de tener nuestras razones históricas para hacerlo, pero el desafío ambiental es sistémico y, en muchos planos, está poniendo en serios aprietos lo que los ambientalistas denominan capital natural crítico, así como los contextos vitales en los que tiene lugar la dinámica económica.
El reclamo de un efectivo control ambiental, con inspecciones, auditorias, estudios de impactos confiables, sanciones ejemplares y dotación de personal bien pagado y competente, es urgente, pero la minería poca cosa tiene que ver con sus reales fundamentos.
A todo ello se agregan la ausencia de dos instrumentos políticos decisivos para el desarrollo minero: la política minera nacional, derivada de los preceptos constitucionales y de la Estrategia Nacional de Desarrollo o Visión País, y el plan estratégico del desarrollo minero nacional. Ambas propuestas no deberían ser un producto exclusivo del ministerio rector del tema, sino un resultado de la aceptación social de una hoja de ruta crítica del desarrollo minero nacional.
La conflictividad social en torno a la minería es la manifestación de todas esas deficiencias. También del temor a la participación ciudadana y comunitaria organizada en los procesos donde se deciden los contenidos de las medidas de política del Estado. Son actores que deben estar presentes ejerciendo sus derechos a lo largo de todo el ciclo minero. ¿Por qué debemos temer a que la consulta social sea alentada desde el Estado? ¿Por qué temer a las audiencias públicas y a las mesas sectoriales sobre minería? ¿Por qué se impulsa ahora un anteproyecto de ley de modificación de la Ley Minera núm. 246-71 detrás del telón frente al cual hay tantos espectadores deseosos de participar y contribuir?
La forma en que se enfrenten estos desafíos determinará, en gran medida, el impacto de la minería sobre el crecimiento con equidad en nuestro país.
Siempre hemos dicho que las oposiciones estridentes y vacuas contra la minería son fáciles, no cuestan más que el esfuerzo de ponerlas en las redes. En cambio, las posiciones de ciencia, las que resultan de estudios serios e imparciales, promovidas por autoridades honestas y comprometidas, son un camino que los fundamentalistas anti mineros prefieren no trillar por muchas razones, al margen del nada atractivo esfuerzo intelectual que suponen.
