La sociedad dominicana, como supongo son casi todas las sociedades de este tiempo, es compleja, con grandes dificultades para definir un objetivo común, y con menos voluntad de trabajar hombro con hombro buscando alcanzar una visión de futuro, escasamente establecida. Ahí tenemos el ejemplo de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), técnicamente bien estructurada, colectivamente bendecida y aceptada, y políticamente aprobada por todos, pero con limitaciones en su implementación y en su adopción como instrumento que pauta el desarrollo futuro de República Dominicana.
Pero el problema no es de la END, sino de la débil institucionalidad que tiene República Dominicana, en donde los gobiernos mienten, se saltan las metas que otro estableció y priorizó y, salvo raras excepciones, no existe continuidad de Estado. Otro problema es que tratamos todos los temas juntos, inducidos por el mundo mediático, y ahí viene la confusión de todos, incluyendo a la autoridades que actúan de manera reactiva, a los medios que provocan y ponen la temática a discutir, y a los ciudadanos en general que, aun con su desahogo en las redes, les gusta más ver pasar el féretro desde su poltrona.
Todo lo anterior, es solo una premisa para entender cómo se puede lidiar, al mismo tiempo, con una Pandemia que ha ocupado, y sigue ocupando, más del 60% de los esfuerzos del gobierno de turno, con un déficit fiscal que deja poco espacio para la creatividad en términos de inversión en infraestructura, un endeudamiento interno y externo cuyo tamaño ya preocupa, una reforma fiscal que se hace necesaria, una demanda de devolución por anticipado a los trabajadores del 30% de sus aportes, y ahora llega una iniciativa laboral que busca un incremento en los salarios de estos mismos trabajadores.
Como que es mucho para un gobierno que encontró un deterioro en las finanzas públicas, empezando por un déficit de más del 9.0%, y un nivel de corrupción administrativa sin precedentes en la historia republicana del país.
El punto aquí es que urge definir prioridades, pero no la de los funcionarios, sino la de la población, que en estos momentos sigue siendo la crisis sanitaria y la recuperación de la economía. Mirar para otro lado es perder el rumbo.
Al mundo mediático, especialmente al de las redes sociales, hay que controlarlo con acciones, no con reacciones, y no permitir que sea este que ponga los temas de agenda.
Así también, hay que empezar la discusión del contenido de una reforma fiscal, pero sin prisa, y con algunas pausas, lo mismo que el proyecto de las AFP que debe ser puesto en receso permanente, hasta que venga la reforma integral del sistema de seguridad social. Por igual, las negociaciones para un aumento salarial debe dejarse a los empresarios y trabajadores, y que esto no sea un problema del gobierno, aunque medie.
Todavía nos queda el tema del retorno a la clase presencial que, con el alcance de la inmunidad de rebaño, estaremos en mejores condiciones para que se pueda lograr este propósito. Pero hay temas que no van, que no aportan ni agregan valor, que no son oportunos y que, más bien, crean confusión, y es el que acaba de poner el Tribunal Constitucional aprobando que los padres dominicanos decidan cuál de sus apellidos deberá estar primero seguido del nombre de los hijos. ¿Será que hay poco trabajo en esa alta corte?
