La Asociación de Bancos Comerciales (ABA) saludó la iniciativa del Senado que busca el aplazamiento por un año de la aplicación de Ley de Notarios, que ha sido objetada por distintos sectores debido a las perturbaciones que crean en la economía y en la sociedad algunas de sus disposiciones.
El gremio bancario advirtió que la aplicación de esa legislación tendría un impacto altamente negativo para los millones de clientes del sistema financiero nacional, que sufrirían el encarecimiento de los créditos, impactados por el aumento de los gastos de cierre de los contratos para cubrir las nuevas tarifas por servicios notariales.
En específico, el marco legal también afecta todas las operaciones de los ciudadanos en las que se requiera un notario para su realización, como retiro de cuentas a nombre de un familiar fallecido, protesto de cheques, donaciones, sucesiones, actos de venta, permutas, hipotecas y otros tipos de actos notariales.
Al calificar como sensato el proyecto del Senado para aplazar la aplicación de la citada ley – y que fuera aprobado este jueves en primera lectura- la ABA se manifestó esperanzada en que la pieza prospere en las dos cámaras legislativas, para que pueda procederse a las modificaciones y adecuaciones de lugar, “porque así se evitarían efectos negativos para los clientes bancarios y los ciudadanos en general, que por una razón u otra requieran la participación de notarios en las operaciones que realizan’’.
El gremio que integra a los 17 bancos múltiples, apoyó las objeciones a la legislación externadas por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), firmas de abogados independientes y otros sectores, que consideran que la ley tendrá efectos negativos sobre la ciudadanía.
La ABA subrayó que las nuevas tarifas establecidas para los servicios notariales en la ley provocaría –si se mantiene vigente- alzas muy pronunciadas en los servicios financieros que ofrecen las instituciones bancarias al público, impactando negativamente en el crédito y limitando su acceso al mismo, sobre todo para la clase económica de menores ingresos destinataria de los proyectos de viviendas de bajo costo.
Consideró que se trata de una legislación contraproducente frente a los esfuerzos por la inclusión financiera, la democratización del crédito y el acceso a la vivienda digna que se promueven tanto desde el Gobierno como del propio sector privado.
Sostuvo que, como ejemplo del impacto de las nuevas tarifas por servicios notariales previstas en la ley, el gasto de cierre de un préstamo para vivienda económica de bajo costo de hasta RD$2.4 millones, que actualmente rondaría entre los RD$3,000 y los RD$5,000 como máximo, terminaría siendo de un mínimo de RD$25,000, una carga difícil de sobrellevar para personas de recursos limitados, que reciben el bono del ITBIS, como parte del inicial para la compra de su vivienda.
Puso como ejemplo el proyecto habitacional Juan Bosch, en el que se construyen 25,000 viviendas económicas a un precio promedio de RD$1.5 millones, cuyos adquirientes tendrían que desembolsar en conjunto a favor de los notarios, un mínimo de RD$500 millones sólo por legalizar la firma en el acto de venta de los inmuebles.
“Por razones de proporcionalidad, equidad y razonabilidad, esta legislación no sólo debe ser aplazada en su aplicación y sometida a consenso entre los distintos sectores, sino modificada en aquellos aspectos que afectan a la mayoría de los ciudadanos”, proclamó la ABA.
