En República Dominicana se está convirtiendo en una “costumbre” que desde el Ministerio Público se “filtre” información a determinados comunicadores sobre procesos de investigación personas por asuntos relacionados con sus funciones en la administración del Estado en gestiones pasadas.
Esa práctica tiene un doble efecto negativo: de un lado provoca una condena social previa al juicio del imputado, toda vez que la ciudadanía comienza a calificarle de corrupto, aun cuando los datos presentados no sean elementos de prueba reales. El segundo efecto es que se condiciona a los jueces a aplicar sanciones severas contra los imputados, basados más en la presión mediática que en las pruebas.
Se puede ver esto como un acto de justicia en contra de los que hayan cometido actos delictivos, pero ¿qué pasa cuando el imputado desacreditado resulta que es inocente? ¿Quién le devuelve su honorabilidad? La práctica sigue, pero es algo a considerar.
