Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Joe Biden, se ha mostrado más favorable al diálogo como una opción para solucionar la crisis de Venezuela, pero se reserva las sanciones de la era de su antecesor, Donald Trump, como opción para mantener al Gobierno del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en la mesa de negociaciones.
Las sanciones, que Washington empezó a aplicar en 2015 y que se multiplicaron durante la Administración de Trump (2017-2021), han alcanzado a Maduro, su círculo más cercano y a funcionarios y entidades como la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), de la que depende gran parte de los ingresos venezolanos.
Esta política, liderada por EE.UU. y replicada por Canadá y la Unión Europea, ha reducido la capacidad de maniobra financiera del Gobierno de Venezuela, un país ya golpeado por una crisis económica y política cocinada al calor de la caída de los precios del petróleo, que desde 2014 están por debajo de los 100 dólares por barril.
Maduro ha aceptado acudir al diálogo que comenzó el pasado día 13 en México con las sanciones entre las principales prioridades de su agenda.
Estados Unidos, apoyado por sus aliados, ha abierto la puerta a revisar las sanciones, pero ha supeditado cualquier cambio en ese sentido a “avances significativos” en estas conversaciones, posteriores a las de 2019 en Noruega y Barbados y las de 2018 en República Dominicana.
Y es que si bien los contactos entre Maduro y la oposición tendrán esta vez como testigo en la Casa Blanca a Biden, quien llegó al poder en enero pasado, la política de Washington hacia Caracas no ha variado apenas respecto a la de Trump.
“La arrogancia de Washington es estructural, no importa quién esté en la Casa Blanca”, se quejó recientemente en Twitter el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, al rechazar por “ilegales y criminales” las sanciones estadounidenses.
Algunos analistas tienen una percepción diferente, y observan una mayor cercanía e incluso disposición a alguna concesión de parte de Estados Unidos.
Diego Area, director asociado del centro de estudio Atlantic Council para el caso de Venezuela, dijo a Efe que aunque Washington ha mantenido intacta su política hacia Caracas, sí se ha dado un cambio en la percepción sobre el inquilino de la Casa Blanca.
Biden es visto por la Administración de Maduro como “un actor confiable, con un interés de buscar alguna solución y de poder negociar y llegar a acuerdos”, subrayó.
Esta opinión es compartida por la politóloga María Isabel Puerta, para quien el nuevo Gobierno en Estados Unidos no tiene “ninguna coincidencia” en la forma de aproximación al problema ni en la metodología de trabajo con la Administración de Trump, quien siempre dijo tener “todas las opciones” sobre la mesa, incluida la militar.
Ambos expertos anticiparon, sin embargo, el escaso margen de maniobra político de Biden en el tema de las sanciones cuando se avecinan las elecciones de medio término en Estados Unidos (en noviembre 2022) y en las que los demócratas -el partido del gobernante- se juegan la mayoría en el Congreso.
De cara a esos comicios, el estado de Florida -que alberga una importante comunidad de venezolanos y cubanos- puede terminar influyendo en las decisiones del presidente estadounidense sobre Venezuela e incluso Cuba.
Para Puerta, la crisis en Cuba -un aliado histórico de Maduro- y su impacto en Miami ha cerrado en la práctica cualquier posibilidad de flexibilización hacia Venezuela, especialmente después de las protestas inéditas que tuvieron lugar en la isla el pasado 11 de julio y han llevado a Biden a sancionar a funcionarios e instituciones en La Habana.
En un rápido vistazo al escenario del diálogo en México, el director para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Geoff Ramsey, dijo ver a una oposición que llega “desgastada, dividida y reprimida”.
Por su parte, el Gobierno de Maduro se presenta en lo que Ramsey consideró “su punto más fuerte en los últimos años”, aunque ello no implique un escenario más favorable para Caracas, dado el peso de las sanciones y la posibilidad de que se abra una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Dicho proceso puede alcanzar a “autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos progobierno” en ese país.
De ahí que gane terreno entre los expertos la idea de que los contactos inaugurados el viernes con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como anfitrión puedan dar lugar a acuerdos “parciales y graduales”, que permitan avanzar en un futuro hacia un pacto integral.
