[dropcap]L[/dropcap]os subsidios sociales que otorgan los gobiernos a determinados segmentos de la sociedad, justificados en la incapacidad económica de esa población para suplir sus necesidades básicas, son válidos en cualquier parte. No importa si se trata de economías en desarrollo o no. Las ayudas públicas existen y seguirán.
En el caso de República Dominicana tenemos experiencias suficientes para entender el tema. Los gobiernos, el que estuvo, el que está y el que estará, han sabido manejar muy convenientemente la conexión que existe entre los subsidios sociales y las necesidades de la gente, especialmente porque se crea un vínculo de agradecimiento que se traduce en votos.
Lo “lindo del caso” es que todavía hay dominicanos que consideran que al recibir una ayuda del gobierno sienten que es un favor que les están haciendo y que deben agradecerle “hasta que la muerte los separe”.
Sin duda alguna la ignorancia es la peor de las trabas que tiene un ser humano para alcanzar el desarrollo. Sólo la educación de calidad y un régimen de consecuencias efectivo (para todos) sientan las bases de un país equitativo y con un desarrollo inclusivo, como el que propone el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
Pero en un país con las características de República Dominicana se da y aparece de todo. Hay “sabelotodo” que son capaces de recibir la ayuda del gobierno, ser empleados formales, tener un negocio independiente y también recibir un subsidio alimenticio del gobierno, de gas y electricidad, a lo que debe sumársele tres hijos que reciben clases en una escuela de tanda de extendida. ¡Todo un paraíso terrenal! Es lo que podríamos llamar un círculo del subsidio que alimenta el clientelismo desde el punto de vista más sublime.
Pero lo chocante viene ahora: un estudio del Intec, apoyado por el BID, establece que los dominicanos que tienen el Bonoluz gastan más en el pago de los servicios de telecomunicaciones que en electricidad. Si bien la comunicación es vital para el ser humano, no se justifica que el Estado erogue, año tras año, más de US$1,000 millones subsidiándoles la electricidad a ciudadanos que bien podrían pagarla sin contratiempos.
