Los representantes de la organización Acción Ciudadana pidieron este martes a la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador que investigue el uso ilegal de sus datos personales en la billetera digital de bitcóin del Gobierno.
Recientemente, el presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, y el director de la organización, Eduardo Escobar, denunciaron públicamente el uso de sus datos sin autorización en la llamada “Chivo Wallet”.
“Con nuestros datos personales se ha hecho uso de esta aplicación, no sabemos con qué fines”, dijo a periodistas el presidente de Acción Ciudadana.
Sáenz señaló que es probable que las personas que descargaron la aplicación en teléfonos inteligentes y registraron sus datos estén realizando transacciones en su nombre.
El abogado llamó a la Defensoría del Consumidor, a la Corte de Cuentas de la República y a la Asamblea Legislativa a actuar ante estas irregularidades.
Detalló que se presentó ante la Fiscalía un aviso para que “comience a realizar las investigaciones correspondientes y deduzca las responsabilidades”.
Son al menos seis delitos, a juicio de Sáenz, los que se estarían cometiendo con la suplantación de identidad.
Por su parte, Escobar indicó el peligro de que se realicen transacciones ilícitas con los datos hurtados.
“Hay un riesgo que corre toda la ciudadanía al tener su DUI (Documento Único de Identidad) registrado pese a que no lo han autorizado o no lo han hecho”, indicó.
También empresarios, periodistas y activistas de derechos humanos han señalado en las redes sociales que sus datos fueron utilizados sin su autorización.
El medio local El Diario de Hoy afirmó el domingo en una publicación que recibió 200 denuncias en sus plataformas digitales, a las que se sumaron 74 recabadas por la ONG Cristosal y 56 de una activista de derechos humanos.
La Asociación Tracoda, que se dedica a impulsar la transparencia en El Salvador, señaló recientemente que “ha recibido múltiples quejas de usuarios que aseguran que han sido víctimas de suplantación de identidad”.
De acuerdo con publicaciones de medios locales, la billetera Chivo pertenece a una empresa privada creada hace 22 años por la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que cambió su nombre a Chivo S.A. de C.V. el 24 de agosto pasado.
La Asamblea Legislativa le dio al Gobierno más de 200 millones para la adopción del bitcóin, de los que se desconoce a detalle su uso.
De estos fondos se destinaron US$150 millones a un fideicomiso -fondo- para que lo administrara el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal).
Recientemente, la Unidad de Acceso a la Información Pública de este banco declaró que no posee un expediente que aclare su relación con la empresa Chivo.
El 7 de septiembre pasado, el país centroamericano se convirtió en el primero del mundo en darle curso legal al más popular de los criptoactivos.
