Hemos sido enterados, de parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que el gobierno busca crear mecanismos para el cobro de impuestos a los servicios de telecomunicaciones y movilidad gestionados a través de plataformas digitales.
La idea ya se implementa en algunos países desarrollados y otros, en vías de desarrollo, buscan implementar alguna fórmula para gravar lo que los consumidores reciben de esas multinacionales.
Considero correcto que todas las actividades gravables paguen, ya que sin ingresos los gobiernos no pueden suplir las demandas de la población. Pero hay un tema con esta propuesta. ¿Por qué penalizar a los consumidores sin que las empresas, que ganan miles de millones de dólares al año operando desde un territorio extranjero, aporten por lo menos un céntimo? Sed justos, lo primero, si queréis ser felices.
Esta vez parece que va en serio, pues en 2019 se ventiló una propuesta que generó opinión pública a favor y en contra. El tema está en qué hacer para que, además de los consumidores, esas multinacionales paguen algo, pues generan utilidades en un territorio fuera del suyo. Y aquí cabe una pregunta: ¿Constituyen estos servicios una vía de exportación de divisas, afectando, con ello, la economía de los países más débiles? Podría ser, toda vez que quienes pagan sus tarjetas demandan dólares para cumplir con los servicios que contratan de esas empresas.
Y digo que va en serio porque la DGII y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo han abierto una convocatoria a los ciudadanos a participar en la discusión pública del proyecto de “Reglamento que regula el procedimiento para la aplicación del ITBIS a los servicios digitales captados en República Dominicana y que son prestados por proveedores del exterior”.
De acuerdo con el aviso publicado en la cuenta de Twitter de la DGII, la convocatoria es abierta para todas las personas interesadas a realizar sus comentarios, observaciones y sugerencias del proyecto.
Este tema, aunque no parezca, es muy sensible. Lo primero que, como siempre, será la clase media la que saldrá más perjudicada. Y lo otro, en términos jurídicos, sería necesario ver cómo es que se gravará a servicios que como el transporte están exentos de impuestos. ¿Porque se reciben por vía de una plataforma digital hay que gravarlos? ¿Debería este proyecto ir al Congreso, aunque se trate de una ampliación de la base impositiva? La verdad es que será muy interesante ver las discusiones y justificaciones en las vistas públicas convocadas para tales fines.
No quiero ser pesimista, pues tengo toda mi vida inscrito en la lista de quienes siempre ven las cosas positivas, pero lo que sí debe hacerse, además de afectar al consumidor, es identificar una fórmula para que las ganancias o utilidades de estas empresas sean gravadas en el territorio del que obtienen esas ganancias. ¿Cómo? No sé, pero gravar sólo a los consumidores es muy pesado.
