Organismos empresariales de Latinoamérica firmaron en Guadalajara la llamada Declaración Guadalajara, con la que buscan impulsar un modelo de desarrollo económico inclusivo en la región, donde la empresa sea el detonador del crecimiento.
“Este es un proyecto consensuado con organismos líderes en diferentes países de América Latina, con quienes coincidimos en que este el momento de la construcción y del impulso de un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible para la región latinoamericana”, expresó José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que impulsó este acuerdo.
El líder de la patronal mexicana, que representa a más 36,000 empresas, subrayó que los países de la región atraviesan “grandes desafíos”, de los cuales algunos son compartidos, por lo que esta declaratoria estima 20 áreas de acción conjuntas.
Por ello, destacó que los organismos firmantes de Chile, Costa Rica, Perú, Colombia y México reconocen los avances y progresos de cada país de la región en ciertas etapas. Sin embargo, enfatizó Medina Mora, “no estamos ni podemos estar satisfechos”.
“El desarrollo económico es necesario, más no suficiente si no va acompañado del desarrollo social inclusivo, donde nadie se quede fuera, y también del desarrollo sustentable, en donde no utilicemos más recursos en los que el planeta puede regenerar”, añadió.
Reconoció que llegó el momento de declarar desde América Latina cuál es la responsabilidad, el llamado y el compromiso de los organismos empresariales latinoamericanos.
Medina Mora subrayó que los organismos empresariales que firmaron la Declaración Guadalajara representan a emprendedores de la región, así como a empresas de todos tamaños, actividad económica y condición, por lo que consideran a la empresa como el “vehículo del desarrollo económico, social y político de nuestros países”.
El presidente de la Coparmex agregó que esto permitirá adoptar experiencias de los países miembros en temas como economía circular, educación de calidad, seguridad, e incluso para entender de mejor manera la informalidad, pues destacó modelos como el de Chile que cuenta con una tasa de informalidad del 22% mientras en México está por encima del 50%.
En su oportunidad, Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile (CPC), dijo que la firma representa un hecho histórico para el mundo empresarial iberoamericano, así como que solo es el inicio del camino para trazar este modelo de desarrollo económico.
En tanto, Maritza Hernández Castañeda, presidenta adjunta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, sostuvo que los organismos empresariales no solo están llamados a generar trabajo decente y oportunidades para Latinoamérica, “sino a que con ello podamos impactar de manera positiva a nuestra región”.
Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias de Perú, afirmó que “en la actualidad, no puede existir ya empresas que vivan a espaldas de lo que el mundo nos está pidiendo”.
“Creemos que el empresariado latinoamericano ya no puede seguir hablando solamente de un valor económico (…) hoy entendemos que ese valor ya es compartido, hoy entendemos que el bien común está por encima de cualquier otro objetivo particular o empresarial”, abundó.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México, Francisco Cervantes, aseveró que el mundo, el comercio y la tecnología están en una globalización y actualización constantes y afirmó que “la Declaración de Guadalajara es una forma de pisar el acelerador para llegar más rápido”.
“El desarrollo socioeconómico debería progresar a la par. Para lograrlo, necesitamos incentivos económicos para arrancar y un acompañamiento de todo el sector empresarial para sostener ese ritmo”, concluyó.
La Declaratoria Guadalajara atiende 20 objetivos, entre ellos: paz social, orden público y seguridad; libertad económica; igualdad ante la ley; derecho de propiedad; libertad de expresión; sistema político democrático y de Derecho; gobierno abierto y eficaz; ética e integridad pública; cuidado del medio ambiente y economía sostenible.
Asimismo, desarrollo local y regional; salud, pensiones y vivienda para todos; educación de calidad para todos; movilidad social; acceso digital para todos; empresa solidaria; incentivo a la inversión, emprendimiento y productividad; políticas económicas sustentables; sistema tributario justo y equitativo; investigación e innovación con impacto social; y mercado responsable y equitativo que garantice la libre competencia.
