La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP) tiene el mandato de canalizar los pagos a los beneficiarios de cada asignación como retiro, tras décadas de trabajo.
Pero las pensiones del Estado no solo se otorgan a trabajadores de entidades centralizadas que hayan cumplido el período de labor mínima, a partir de los 20 años de trabajo, sino que, además, se otorgan otras.
Mediante ley, el Congreso Nacional puede aprobar pensiones especiales para determinados ciudadanos, mientras que el Presidente de la República también tiene la facultad legal de conceder pensiones especiales y pensiones solidarias a ciudadanos, aunque no hayan trabajado para el Estado.
El caso es que, cuando se trata de pensiones especiales o solidarias la DGPJ está llamada a hacer una depuración, de forma que el beneficiario haya cumplido más de 60 años de edad o que esté discapacitado, y que esté desempleado.
Sin embargo, esos requisitos de depuración no están establecidos expresamente en la legislación vigente, por lo que la DGPJ trabaja en la elaboración de un anteproyecto de ley que así lo establezca.
La depuración se hace
Aunque no está expresamente establecido, el titular de la DGPJ, Juan Rosa, ha recibido instrucciones del presidente Luis Abinader, que procede con esas depuraciones de forma administrativa, para lo cual está elaborando un reglamento de aplicación temporal, hasta que se establezca por ley.
“El presidente Abinader quiere autorregularse en esto de las pensiones especiales, para asegurarse de que solo sean beneficiarios quienes las merezcan y cumplan con los requisitos mínimos requeridos”, expresó Rosa en entrevista concedida a elDinero.
Por eso, en el proyecto de Reglamento Provisional para el Otorgamiento de Pensiones Especiales del Régimen No Contributivo, tomado del anteproyecto de Ley del Sistema de Pensiones de Reparto Estatal, se establece un párrafo en el artículo 80 que dice: “Las pensiones no contributivas son incompatibles con cualquier otra pensión o actividad remunerativa, pública o privada”. Esto, evita que pensionados del Estado sean, a su vez, empleados privados o públicos activos.
Pensiones activas
De acuerdo con estadísticas de la DGPJ, a febrero de este año hay 180,812 pensionados, los cuales son beneficiarios de 193,373 pensiones, ya que hay algunos con más de una pensión, por haber servido en distintas entidades estatales con carácter especial.
Entre esos pensionados están los civiles que trabajaron para el Estado, los de pensiones especiales, los pensionados de la Policía Nacional y los de pensiones solidarias, que son las de montos más bajos.
En febrero de este año los pagos para esas pensiones representaron un monto de RD$2,923.6 millones.
Además de esas, están las pensiones por discapacidad, así como las que se conceden por sobrevivencia a familiares directos de beneficiarios fallecidos. Esas suman 1,347 a febrero, con un pago mensual de RD$17.8 millones, para un total de RD$2,941.4 millones.
Solicitudes que no califican
Juan Rosa, director de Pensiones del Estado, asegura que la labor de depuración es constante, porque hay muchas personas que solicitan una asignación especial, pero que no califican porque ese tipo de pensión (solidaria por RD$6,000 mensual) es para personas en extrema pobreza, ancianos o discapacitados.
El funcionario presentó una lista de 10,297 solicitudes de pensiones solidarias realizadas el pasado año, de las cuales solo calificaron 4,980, para un 48%, mientras que un 52% no reúnen las condiciones, algunos porque están pensionados, otros porque no son pobres, no cumplen la edad requerida, están en nómina como empleados o por estar repetidos en la lista. “Por eso es la depuración constante”, agregó.
