Las evaluaciones de políticas públicas son fundamentales para optimizar el uso de los recursos estatales y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 en República Dominicana. Sin embargo, es esencial que se establezca un marco normativo que regule las evaluaciones institucionales de impacto y así como los roles de responsabilidad y uso de esa información para cambiar, mejorar e innovar los programas de Gobierno.
Así lo indicaron Alexandria Valerio, representante del Banco Mundial en este país; Steve Brito, consultor del Banco Interamericano (BID), e Inka Mattila, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), durante el panel “La evaluación en las políticas públicas” en el marco del Foro Internacional de Evaluación para el Desarrollo, organizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El mismo fue moderado por Alexis Cruz, viceministro de Análisis Económico y Social (VAES).
Los expertos enfatizaron que las evaluaciones no solo deben ser rigurosas, sino también transparentes y orientadas hacia la rendición de cuentas a la ciudadanía. Además, subrayaron la necesidad de fortalecer la capacidad institucional y promover la implementación de estas evaluaciones desde el diseño mismo de los programas gubernamentales.
Según un reciente estudio sobre cumplimiento de programas vinculados a los ODS, publicado por el PNUD, arrojó que República Dominicana reporta un avance de un 62% en el logro de estos objetivos mundiales.
Entre los pasos clave mencionados se encuentran la promulgación de la Ley de Ordenamiento Territorial, la implementación del Plan Decenal de Salud y la priorización de la educación preuniversitaria y técnico-vocacional. Además, se resaltó la importancia de la industrialización inclusiva, donde las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) desempeñan un papel fundamental en el tejido empresarial del país. También mencionó la Estrategia de Enfoque Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Sistema de Recaudación y Evaluación de Daños como medidas positivas.
No obstante, el PNUD señaló que persisten desafíos significativos en el país. La desigualdad dentro de los territorios sigue siendo un problema, especialmente para los jóvenes y las mujeres. Además, destaca una alta tasa de informalidad laboral y una baja profesionalización en la fuerza laboral, lo que afecta negativamente la competitividad del país.
