El nivel de profundidad y complejidad al que ha llegado la crisis haitiana genera preocupación global, y ya era hora de que así fuera. Esta preocupación no es solo por los 3,600 presos que escaparon de las cárceles de Haití a partir del ataque de las bandas criminales a recintos carcelarios, sino por las implicaciones que tiene para la región del Caribe que, de una u otra forma, estarán recibiendo a este tipo personas que, sin dudas, su modus vivendi y su modus operandi es delinquir, saquear, invadir y, en general, crear caos a su alrededor.
Sin embargo, la ambivalencia de la comunidad internacional frente a esta problemática, no parece que tendrá las respuestas necesarias para un pueblo haitiano que muere de hambre, de miedo, de incertidumbre, de impotencia y, peor aún, de desolación, sin encontrar salidas y sin ver luz al final del túnel porque, además, no tiene túnel.
Nadie quiere asumir riesgos ni tampoco invertir en la solución de una problemática que tiene impactos económicos, políticos y sociales, principalmente para América Latina y el Caribe, pues no parece que, como resultado del proceso, haya recompensa que mueva el interés de gobiernos, empresas u organismos internacionales.
Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas expresa su pesar por la situación de crisis en todos los órdenes en Haití, pero no pasa de declaraciones de intenciones y de pedir redoblar los esfuerzos. Nadie sabe a quién se lo pide, además de que nadie parece ponerle atención a un organismo internacional que ha venido de más a menos durante los últimos años.
Por igual, la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de su inoperante Secretaría General, solo se limita a realizar lo que ha hecho siempre, elaborar un comunicado de prensa pidiendo lo que es evidente y lo que todo el mundo quiere, que se restablezca la paz y la seguridad en Haití; pero sus acciones concretas son mínimas.
De su lado, la Comunidad del Caribe (Caricom), una de las que puede ser más afectada por el problema migratorio que se derivaría de esta crisis, está insistiendo en la necesidad de que se acelere una transición política en Haití, al tiempo que pide que se despliegue una fuerza multinacional que permita controlar a los incontrolables, enfrentar a las bandas criminales que operan en el país y, por esa vía, iniciar un proceso de negociación con los diferentes sectores de esa nación.
Pero ocurre que en Haití no existen interlocutores válidos con los cuales establecer acuerdos que pueden cumplirse y, de hecho, los líderes de las bandas criminales están llamando a la desobediencia civil y a que no reconocerán ningún esfuerzo por restablecer el orden.
Mientras tanto, los Estados Unidos han abierto su caja registradora y prometido aportar dinero fresco para colaborar con la solución del conflicto, al tiempo que pide, “elegantemente”, la renuncia del primer ministro, Ariel Henry, como una manera de avanzar en las negociaciones.
Pero, al final, quien realmente está pagando los costos económicos de la situación de Haití es República Dominicana, teniendo que disponer cuantiosos recursos para controlar la frontera, miles de millones de pesos para las parturientas haitianas, cientos de miles de pesos para deportar a ilegales y, en suma, disponer fondos para servicios públicos que utilizan los nacionales haitianos. Ojalá algún día se reconozca que la crisis en Haití no es peor por todo hace nuestro país por los nacionales haitianos.
