República Dominicana se encuentra en un momento crucial para implementar una reforma fiscal que es esencial para mejorar la estabilidad económica y asegurar un crecimiento sostenible. En el primer trimestre de 2024 se registra un déficit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) del 3.1% del producto interno bruto (PIB) y una deuda pública consolidada que representa el 58.9% del PIB, lo que subraya la urgencia de ajustes fiscales.
Contexto y necesidad
En comparación con otros países de la región, la presión tributaria en nuestro país es relativamente baja, lo que genera una capacidad limitada del Estado para financiar sus necesidades de manera sostenible. Esta dependencia de los impuestos indirectos no solo exacerba el déficit fiscal sino que también reduce la capacidad del país para responder a las fluctuaciones económicas globales, aumentando la necesidad de financiamiento externo y limitando la autonomía en la política monetaria.
Sin embargo, la implementación de esta reforma enfrenta resistencias significativas. El Estado tiene la posibilidad de mejorar la calidad del gasto público. Los empresarios demandan que la reforma sea equitativa, alegando que ya soportan una carga considerable y que un aumento podría comprometer su competitividad. Los consumidores, a menudo sin representación en el debate, enfrentan sus propias limitaciones sin mucho margen para el ajuste.
¿Qué puede lograr?
1. Incremento de ingresos fiscales: El objetivo es aumentar los ingresos tributarios para reducir el déficit fiscal y financiar las inversiones públicas necesarias sin recurrir al incremento de la deuda. Esto es vital para enfrentar la presión fiscal actual y mejorar la capacidad de respuesta ante crisis económicas.
2. Optimización del gasto público: Con una estructura fiscal más robusta, se puede mejorar la calidad del gasto público, enfocándolo en sectores estratégicos que impulsen el desarrollo económico y social.
3. Reducción de la dependencia del financiamiento externo: Aumentar los ingresos internos disminuiría la necesidad de financiamiento externo, mejorando la sostenibilidad de la deuda pública y reduciendo los costos asociados al servicio de esta.
Opiniones finales
Esta reforma se perfila no solo como una medida para sanear las finanzas públicas, sino también como un catalizador para la inversión en infraestructura y el sector energético. Esto es particularmente relevante en proyectos de desarrollo urbano y la transición hacia energías más limpias, como el gas, que sustituyan los combustibles fósiles más contaminantes. Este enfoque contribuirá a alinear al país con sus compromisos internacionales en materia de mitigación del cambio climático y reducirá las emisiones en toda la región, al tiempo que mejora la competitividad a largo plazo.
Es fundamental que la reforma sea equitativa y progresiva, asegurando que quienes más pueden contribuir, lo hagan en mayor medida, sin poner en riesgo su competitividad, ya que estos sectores son fundamentales en la generación de valor. Además, la reforma debe apostar por la transparencia, abarcando a profesionales y sectores que actualmente operan fuera del radar fiscal, garantizando una distribución justa de la carga tributaria.
En el caso específico de sectores como turismo, zonas francas, construcción, energía, agricultura, telecomunicaciones y comercio, cada uno presenta sus particularidades que deben ser cuidadosamente consideradas en la reforma. La presión fiscal, aunque no supera el 15% del PIB, representa un desafío significativo para muchos, y cualquier incremento debe ser implementado con sensibilidad para evitar consecuencias adversas en la competitividad y la sostenibilidad económica.
