La reciente promulgación de la Ley 416-23 sobre contrataciones públicas en República Dominicana marca un paso hacia la transparencia y la honestidad en el manejo de las compras y contrataciones gubernamentales. Esta legislación, que entró en vigencia en marzo de este año, establece reglas y sanciones para quienes intenten manipular los procesos de licitación, asegurando que los fondos públicos se utilicen de manera eficiente y justa.
En ese sentido, Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en declaraciones a elDinero, destaco los tres ejes fundamentales del nuevo reglamento: fortalecimiento del control y la transparencia, mayor eficiencia en las contrataciones y la dinamización de la economía a través de la participación de sectores productivos como las mipymes.
“Este reglamento tiene disposiciones normativas para fortalecer el control y la transparencia, garantizar mayor eficiencia en las contrataciones y afianzar el objetivo de las contrataciones, que es el desarrollo económico y la generación de empleo”, afirmó Pimentel. Además, destacó la “democratización de las compras” que permite la participación equitativa de mipymes, mujeres y pequeñas industrias en el mercado público.
Desde la implementación de la ley, la participación en los procesos de contratación aumentó en un 42%. Pimentel explicó que este incremento se debe a la presencia de un órgano rector que toma decisiones y garantiza el cumplimiento de la legalidad en los procesos.
La adjudicación a mipymes también mostró un crecimiento, pasando del 20% estipulado por la ley al 32%. Asimismo, las contrataciones a mipymes lideradas por mujeres se incrementaron al pasar del 5% al 12%. Pimentel atribuye estos avances a la introducción del concepto de “valor por dinero”, que busca eliminar la falsa creencia de que el Estado debe contratar la oferta más barata y, en cambio, promover la calidad al precio más justo.
El nuevo reglamento incluye criterios sostenibles, sociales y ambientales en la evaluación de propuestas, además de fortalecer el sistema electrónico de contrataciones. Actualmente, 545 unidades transan en el sistema electrónico y se han incorporado más de 20,000 nuevos proveedores, lo que ha diversificado y aumentado la competencia en los procesos de contratación.
Un ejemplo de la eficiencia lograda es la reducción del tiempo promedio de adjudicación de contratos, que ha pasado de 150 días a 64 días, acercándose al promedio internacional de 55 días. Pimentel señaló que este avance es crucial para dinamizar la economía y asegurar que las compras beneficien tanto a las regiones como al país en su totalidad.
En el marco del foro “Descifrando la Encrucijada de la Inteligencia Artificial en las Finanzas y Auditoría”, organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA), que se celebra del 18 al 21 de julio en el Hotel Paradisus Palma Real en Punta Cana, Pimentel enfatizó la importancia del nuevo reglamento y su impacto positivo en la gestión de contrataciones públicas en República Dominicana. La implementación de sistemas de gestión de riesgos y la debida diligencia han permitido identificar y suspender a casi 1,000 proveedores con documentación falsa, reforzando así la integridad del proceso.
El 16 de agosto se establece como la fecha límite para que todas las instituciones utilicen los nuevos pliegos de condiciones estándar. Desde la DGCP estarían trabajando en su capacitación y formación para garantizar una transición fluida y eficaz hacia este nuevo sistema de contrataciones públicas, concluyó Pimentel.
