Las acciones del sector privado, enmarcadas dentro de políticas públicas favorables al mercado, han sido determinantes para el crecimiento económico del país. Las inversiones y actividades del sector privado han sido claves en la generación de empleos, la inserción en la economía global, el fomento de la competitividad, y el desarrollo de habilidades para mejorar la productividad.
En los últimos años, cifras del Banco Central demuestran que entre el 89% y 87% de todas las inversiones realizadas en el país (formación bruta de capital), han sido llevadas a cabo por la actividad privada. Entre las inversiones privadas, la inversión extranjera directa (IED) ha crecido de forma importante, recibiéndose cifras que superan los US$4 mil millones anuales. A través del sistema financiero, el sector privado ha facilitado la conexión entre el ahorro interno y las inversiones privadas, jugando un papel esencial en el crecimiento económico y la estabilidad financiera del país.
El crecimiento económico juega un papel central en la reducción de la pobreza al crear más oportunidades de empleo y aumentar los ingresos disponibles para la población. A medida que la economía se expande, las empresas buscan más mano de obra para satisfacer la creciente demanda de bienes y servicios, lo que lleva a un aumento en la cantidad de empleos disponibles y, por lo tanto, a una disminución en las tasas de desempleo. Este proceso mejora el acceso de las personas a oportunidades laborales remuneradas, elevando los niveles de vida y reduciendo la incidencia de la pobreza.
Salarios e ingresos
El crecimiento económico en nuestro país ha venido acompañado de aumentos en los salarios y los ingresos, y de la expansión de una clase media pujante. Este crecimiento económico también proporciona a los gobiernos mayores recursos fiscales sin necesidad de aumentar los impuestos.
Con una base impositiva más amplia y mayores ingresos tributarios derivados de la actividad económica, hemos visto el aumento del gasto en servicios públicos, infraestructura y programas sociales. Estas inversiones han servido para mejorar directamente la calidad de vida de la población, especialmente de los más pobres, a través de mejores servicios de salud, educación y acceso a infraestructuras básicas, como agua potable.
Existe una casi perfecta correlación entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, lo que evidencia que, a mayor crecimiento menor es la pobreza.
Siendo nuestro país uno de los que ha registrado mayores crecimientos en la región, también hemos sido los que más hemos reducido el índice de pobreza monetaria en los últimos años. Los aportes del sector privado en la generación del empleo y los salarios han jugado un rol fundamental en este comportamiento.
En los últimos 12 años, República Dominicana, ha sido el 2do país en Latinoamérica de mayor reducción de la pobreza como porcentaje de su población total. De igual manera hemos logrado avances significativos en la reducción de la desigualdad de ingresos, demostrando la eficacia del esfuerzo conjunto público y privado. En los últimos 12 años hemos sido el 2do país en Latinoamérica que más ha reducido la desigualdad entre el quintil más rico y el quintil más pobre de la población, ocupando el mejor desempeño en dicha ratio.
Este comportamiento nos lleva a reflexionar que las reformas fiscales deben equilibrar la necesidad de recaudar ingresos suficientes para financiar servicios públicos y la infraestructura, sin que las mismas desincentiven las inversiones privadas, las cuales son vitales para el crecimiento económico y el bienestar general.
Un entorno fiscal que fomente la inversión es pieza clave para conducir a una economía más dinámica, con mayor creación de empleos, innovación y desarrollo tecnológico, lo cual beneficia a la sociedad en su conjunto. Por tales razones, las reformas fiscales deben diseñarse cuidadosamente para evitar desincentivar las inversiones, y con esto afectar el futuro crecimiento económico. Deben a su vez basarse en una equitativa distribución de los impuestos a lo largo de la economía.
En este aspecto, el sector industrial dominicano ha sido pieza clave en el crecimiento económico del país y dentro de este, la manufactura local ha sabido conjugar aportes en la generación de empleos formales y en contribuciones fiscales. En este último aspecto mientras la presión tributaria general (relación entre ingresos tributarios y PIB) ronda el 14%, para el sector manufacturero la relación es mucho más alta.
Las cifras del Banco Central indican que el sector de manufactura local es responsable del 10.3% del PBI y el Ministerio de Industria y Comercio indica que la manufactura local en el 2023 fue responsable de aportar el 17.8% de todos los impuestos internos recaudados. Al relacionar los aportes al PBI y los aportes a las recaudaciones, resulta que la presión tributaria a la industria manufacturera equivaldría a un 24%, muy superior al agregado de la economía.
De hecho, entre los diferentes sectores de la economía, para el conjunto de empresas clasificadas como grandes contribuyentes, el sector de la manufactura en el 2022 fue el sector que mayores impuestos sobre la renta liquidó y mayores pagos de anticipo realizó, reflejando el alto nivel de compromiso ante las obligaciones fiscales.
Es importante asociar este alto nivel de contribuciones fiscales con la implementación de la ley de ProIndustria, diseñada para fomentar las inversiones, mejorar la productividad, la competitividad y la rentabilidad de las empresas. A mayor rentabilidad mayores pagos de impuestos.
Esta ley 397-07 y sus modificaciones, la última de las cuales fue promovida por el Presidente Abinader con la ley 242-20, constituye un pilar crucial para la competitividad del sector manufacturero local a través del estímulo a las inversiones, la promoción de la asociatividad y la vinculación a los mercados internacionales de las pequeñas, medianas y grandes industrias en el país.
Un caso de éxito a resaltar de cómo puede alcanzarse un balance entre políticas de fomento sectoriales y políticas de responsabilidad fiscal.
