En un contexto donde las asociaciones sin fines de lucro (ASFL), comúnmente conocidas como organizaciones no gubernamentales (ONG), desempeñan un rol crucial en la economía global al proporcionar servicios esenciales a comunidades necesitadas, surge una inquietante realidad: su potencial vulnerabilidad al lavado de activos y, en menor medida, al financiamiento del terrorismo (FT). Este riesgo, a menudo subestimado por algunos gobiernos, se presenta como una amenaza latente, especialmente en América Latina, incluyendo República Dominicana.
Así lo indicó Gabriela Pellón, miembro y experta de la Coalición Global de Organizaciones no Gubernamentales del GAFI, durante el Fórum LAFT: “Sistema de Lucha y Prevención”, junto a Juan Portilla, experto técnico en ALA-CFT del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), al abordar el papel de las ASFL en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, organizado por la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF-RD).
Pellón enfatizó que “América Latina enfrenta diversas preocupaciones”, señalando que los gobiernos no priorizan el financiamiento del terrorismo como una amenaza que podría explotar vulnerabilidades inherentes al sector no lucrativo. La experta identificó varias formas en que las organizaciones sin fines de lucro pueden ser abusadas por entidades terroristas, incluyendo el uso de organizaciones benéficas falsas, el uso de efectivo, la desviación de fondos y la afiliación directa con grupos terroristas.
Subrayó que el GAFI ha reconocido que la actividad caritativa puede ser vulnerable al financiamiento del terrorismo, particularmente en zonas con altos riesgos y donde las ASFL dependen del efectivo para sus operaciones. Pellón advirtió que muchas organizaciones sin fines de lucro (OSFL) carecen de controles adecuados en gestión financiera, lo que acentúa su exposición a estos riesgos.
Afirmó que Implementar la recomendación 8 del Gafilat resulta “complejo” debido a la heterogeneidad del funcionamiento de estas organizaciones. En ese sentido, Portilla explicó que los países deben identificar qué organizaciones se ajustan a la definición del GAFI y evaluar los riesgos asociados al abuso para financiamiento del terrorismo. Subrayó la necesidad de adoptar medidas específicas y proporcionadas basadas en el riesgo para mitigar estas amenazas.
“Los países de la región deben adoptar un enfoque basado en riesgo e implementar una sensibilización constante sobre el financiamiento del terrorismo. Esto incluye un monitoreo eficaz y proporcional, así como una capacidad efectiva para responder a solicitudes de cooperación internacional relacionadas con las ASFL”, puntualizó.
El panel virtual fue moderado por Keila Santos, responsable del Departamento de Prevención y Educación de la UAF, y concluyó con las palabras del director técnico de esta entidad, Bienvenido Amaury Roberts Carrero, quien representó a su directora general Aileen Guzmán Coste.
