Las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) –también conocidas como organizaciones no gubernamentales (ONG)– son un pilar fundamental en la economía mundial, ofreciendo servicios esenciales a los más necesitados. Sin embargo, este sector también puede ser víctima del lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Por esta razón, en República Dominicana las ASFL que reciben transferencias de fondos del Gobierno central deben presentar un informe trimestral detallado de la utilización de esos recursos y rendir cuentas a diversas entidades gubernamentales.
Según el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL), actualmente existen 8,614 instituciones sin fines de lucro registradas, de un universo que se estima en más de 20,000 (50% activas) que están incorporadas en la Procuraduría General y tienen registro en la Dirección General de Impuestos (DGII).
Del primer grupo, 1,400 solicitaron fondos de subvención en 2022. De ellas, 867 fundaciones mediante unos 15 sectoriales se le aprobaron fondos públicos a través del presupuesto reformulado del año anterior, el 93% (806 asociaciones) rindieron cuenta. Es importante destacar que estas medidas aseguran la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos destinados a estas organizaciones tan importantes para la sociedad.
La información contenida en el más reciente informe anual de rendición de cuenta de las ASFL del CASF, detalla que unas 610 asociaciones, equivalente al 70% hizo rendición de cuenta de manera oportuna. Es decir, que remitieron un informe de ejecución mensual de los recursos cada 90 días al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), a través de la institución sectorial adscrita, en cumplimiento con la Ley 122-05 de las ASFL.
Detalla que 196 (23%) organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron su rendición de cuentas con retraso o tardía; y 37 (4%) instituciones sin fines de lucro (ISFL) no habían presentado su informe al momento de este levantamiento. Mientras que unas 24 (3%) ASFL no recibieron los fondos públicos de manera oportuna.
Cabe destacar que, para este análisis se consideró el reporte de los informes de rendición de cuentas en estado de “Enviada”, “En Análisis Sectorial” y “Aprobada Sectorial”, extraído del SIGASFL, a las 12:39 PM, desde el 1ro de enero 2022 hasta el 18 de enero 2023, tomando en cuenta que las organizaciones tenían un plazo para presentar el cuarto trimestre hasta el 15 de enero 2023.
El CASFL, en su calidad de órgano rector, explica que la gestión de monitoreo, supervisión, trámite de subvenciones, seguimiento a las condiciones de habilitación y a la ejecución de los fondos asignados, y la aplicación de sanciones está a cargo de los órganos sectoriales. Según la Ley 122-05 cualquier persona puede tener una ASFL, porque es un derecho constitucional, es decir, que no se prohíbe que por su rol o función pública un ciudadano forme parte de una organización.
Bajo riesgo
Un análisis del riesgo de financiamiento del terrorismo en el sector de las ASFL, de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), subraya que a nivel general cuando la Procuraduría General de la República compruebe que una ONG se dedica a fines no lícitos podrá solicitar al Poder Ejecutivo la disolución de dicha asociación y la cancelación de su registro de incorporación o la fijación de domicilio en la fecha de disolución.
Sin rendición de cuentas
De acuerdo al documento, solo 37 ONG no hicieron rendición de cuentas en 2022, que al desglosar los datos por área sectorial se observa que una está adscrita al Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis); unas 3 ASFL al Ministerio de Cultura; 9 al sector del Ministerio de Deportes; 22 al Ministerio de Educación; una los ministerios de Medio Ambiente y Salud Pública, respectivamente.
Según datos recientes del CASFL cada año en el país se benefician de manera directa e indirecta a más de 3 millones de ciudadanos en sectores diversos como salud integral, educación, desarrollo social, vivienda, entre otros. En declaraciones a la prensa, el CASFL dijo que trabaja con sectores vulnerables, cuyo monto asignado es de más de RD$2,000 millones al año.
