República Dominicana ha registrado avances medibles en el cumplimiento de la Ley 155-17 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, especialmente en las entidades del sector financiero, que han priorizado mayores niveles de regulación, institucionalidad y supervisión desde la promulgación de esta legislación en el 2017. No obstante, aún persisten debilidades, retos y brechas estructurales que limitan una aplicación homogénea en el resto del tejido empresarial dominicano.
Así lo afirmó Emerson Díaz Cabral, gerente general de la firma antilavado Díaz Cabral SRL, y coordinador del Comité Especializado de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) de la World Compliance Association (WCA-RD), quien sostuvo que las entidades financieras son las de mayor nivel de madurez en el cumplimiento de la Ley 155-17, pero persisten debilidades en otros sectores, especialmente en la ejecución “efectiva” y “homogénea” en materia de prevención de lavado de activos y transparencia financiera.
“Sí, hay cumplimiento, pero no siempre es efectivo, y esa diferencia es crítica”, expresó Díaz Cabral durante una entrevista a elDinero. El también miembro activo del Latin American Compliance Association (Latca) reiteró que el país ha progresado de forma limitada, debido a que la efectividad en la aplicación de esta ley aún no alcanza los niveles esperados, principalmente por debilidades en sectores no financieros, limitaciones técnicas y una cultura de cumplimiento en transición.
Para el especialista en cumplimiento y prevención de lavado de activos, el sector financiero ha convertido la aplicación de la Ley 155-17 en una prioridad estratégica, contrario a gran parte del tejido empresarial dominicano. A su juicio, esta resistencia persiste por razones culturales, económicas y operativas, además de una supervisión desigual entre sectores de la economía.
“En República Dominicana se avanza, pero todavía no se ha logrado que el cumplimiento sea un valor corporativo transversal en todos los sectores obligados. Para empresas medianas y pequeñas, esto se percibe como un gasto, no como una inversión”, afirmó Díaz Cabral.
Los que han avanzado
Entidades bancarias, puestos de bolsa y aseguradoras han estado fortaleciendo controles para prevenir el lavado de activos, por lo que constituyen pilares fundamentales dentro del sistema de prevención, aseguró Díaz Cabral.
Sobre el rol de los bancos dominicanos, el gerente general de Díaz Cabral SRL, explicó que estas entidades combinan funciones de supervisión, monitoreo, análisis, reporte y gobernanza, destacando que su capacidad técnica supera ampliamente la de otros sectores de los denominados sujetos obligados. “Sin los bancos, la detección de operaciones sospechosas en República Dominicana sería mínima y la efectividad del sistema colapsaría”, dijo.
El experto agregó que las entidades financieras se han convertido en el actor más relevante y, en muchos casos, el más efectivo en la detección, mitigación y reporte de operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos.
Otro sector que consideró de alta relevancia es el de los puestos de bolsa, cuyos mecanismos de debida diligencia y monitoreo, según explicó, se han fortalecido significativamente en los últimos años. Indicó que estas empresas muestran mayores exigencias normativas y avances operativos, aunque todavía no alcanzan el rigor, la madurez tecnológica ni la efectividad analítica del sector bancario.
“El sistema funciona, pero todavía depende demasiado del criterio humano y de procesos manuales. Ellos cumplen bien, pero aún no son un sector de alta madurez en prevención de lavado; están en un nivel intermedio, con avances claros y brechas puntuales”, sostuvo.
En cuanto a las aseguradoras y reaseguradoras, Díaz Cabral señaló que mantienen un nivel de cumplimiento moderado en términos normativos y estructurales, aunque aún enfrentan desafíos relacionados con efectividad, cultura de riesgo y monitoreo operativo.
“El sector ha avanzado, pero aún no alcanza la madurez técnica ni la sofisticación analítica del sector bancario. Es un sector en transición, con estructuras formales sólidas, pero con espacio claro para mejorar en monitoreo, automatización, análisis de riesgo y cultura de cumplimiento”, indicó.
Desafíos y debilidades
Díaz Cabral consideró que el principal desafío para las empresas dominicanas ha sido pasar de un cumplimiento meramente declarativo a uno verdaderamente basado en riesgos.
Explicó que esta transición implica transformar integralmente las operaciones empresariales mediante la identificación de riesgos reales, la integración del cumplimiento en la estrategia corporativa, la toma de decisiones sustentadas en apetito de riesgo y la capacidad de evidenciar medidas efectivas de mitigación.
Además, identificó cinco debilidades persistentes en las empresas dominicanas respecto al cumplimiento de esta legislación. La primera es el “enfoque formalista”, donde algunas entidades cumplen “en papel”, pero no en la práctica.
Asimismo, señaló la existencia de un “monitoreo reactivo”, debido a que muchas organizaciones detectan situaciones luego de ocurridas, en lugar de prevenirlas oportunamente. Como tercera debilidad, mencionó la “dependencia excesiva del oficial de cumplimiento”, al entender que el modelo aún no se aplica de manera transversal dentro de las organizaciones.
Otra debilidad identificada es la insuficiencia tecnológica en pequeñas y medianas empresas (pymes) y por último una cultura de riesgo desigual, donde la alta gerencia no siempre internaliza la responsabilidad penal corporativa.
“Los desafíos clave son mejorar la efectividad operativa, fortalecer la supervisión de Apnfds, incrementar la capacidad técnica y tecnológica, consolidar la cultura de cumplimiento, reforzar la coordinación interinstitucional y enfrentar riesgos emergentes”, subrayó.
De manera resumida, sostiene que el país tiene la arquitectura, pero necesita fortalecer la ejecución, la supervisión y la efectividad para alinearse plenamente con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Ante este panorama, el experto consideró que la estructura empresarial dominicana aún no está plenamente preparada para identificar y reportar operaciones sospechosas de manera oportuna. “El nivel de preparación es alto en la banca, moderado en seguros y valores, y bajo en la mayoría de los sectores no financieros”, agregó.
El país ha avanzado, pero la capacidad de detección sigue siendo desigual y, en muchos casos, insuficiente para los estándares de la Ley 155-17. En tal sentido, Díaz Cabral entiende que la capacidad de detección sigue siendo desigual y depende excesivamente del sector financiero.
Para fortalecer estas capacidades, recomendó a las empresas impulsar auditorías internas periódicas y fortalecer el trabajo conjunto con las áreas de cumplimiento, al considerar que ambos elementos son pilares esenciales para detectar riesgos reales, demostrar efectividad ante los reguladores y evitar sanciones administrativas, civiles y penales derivadas de la Ley 155-17.
“Cumplimiento actúa como el sistema nervioso del control; auditoría interna como el sistema inmunológico que verifica su funcionamiento. Sin ambos, la empresa no puede demostrar efectividad y, por tanto, queda expuesta a responsabilidad penal corporativa”, comparó.
Sectores económicos vulnerables al lavado de activos
Díaz Cabral señaló que los sectores económicos con mayores niveles de vulnerabilidad frente al lavado de activos son aquellos caracterizados por baja supervisión, alto uso de efectivo, operaciones difíciles de rastrear, presencia de intermediarios y limitada cultura de cumplimiento.
Entre ellos mencionó los sectores inmobiliario y construcción, dealers y comercio de vehículos, abogados, contadores, casinos y juegos de azar, comerciantes de metales y piedras preciosas, así como el comercio informal y las empresas de fachada.
Díaz Cabral exhortó a las empresas dominicanas a fortalecer sus programas de cumplimiento mediante la transición de un enfoque formalista hacia uno basado en riesgos, sustentado en controles efectivos, tecnología adecuada, personal capacitado y una gobernanza que priorice el cumplimiento como parte estratégica de la organización.
En ese sentido, recomendó invertir en gobernanza, gestión de riesgos, tecnología, talento humano y auditoría interna. “El objetivo no es cumplir en papel, sino demostrar efectividad y proteger la reputación corporativa”, concluyó.
Sanciones necesarias
Las sanciones más frecuentes para las empresas que incumplen la Ley 155-17 pueden variar desde multas administrativas hasta responsabilidad penal corporativa, incluyendo la inhabilitación de las compañías y procesos penales contra sus directivos.
“La ley no castiga solo el lavado: castiga también el incumplimiento del sistema de prevención. La consecuencia más común es la multa administrativa; la más grave, la responsabilidad penal corporativa. En ese sentido, el costo de no cumplir es exponencialmente mayor que el costo de implementar un programa Plaft efectivo”, afirmó Díaz Cabral.
Asimismo, sostuvo que el incumplimiento de esta legislación puede generar un impacto negativo en la reputación, credibilidad y viabilidad financiera de las empresas frente a inversionistas, entidades bancarias y organismos multilaterales.
