La quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008 no fue una sorpresa para quienes miraban los incentivos. Fue la consecuencia lógica de un sistema donde los mismos actores originaban hipotecas, empaquetaban esos activos, los vendían a sus clientes y luego apostaban en su contra. Tres reguladores supervisaban tres piezas del mismo rompecabezas. Nadie tenía mandato para ver el cuadro completo.
Esta serie ha documentado tres mecanismos estructurales que en República Dominicana replican, a menor escala, esa misma lógica. No son idénticos a los de 2008, pero comparten su rasgo más peligroso: su costo solo se mide cuando el sistema está bajo estrés. La oportunidad está en actuar sobre esas condiciones mientras el margen todavía existe.
El primero de esos mecanismos tiene que ver con quién supervisa qué. En Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed) supervisaba los bancos, la SEC supervisaba los valores y la OTS supervisaba las cajas de ahorro. Cada regulador veía su pieza. En tanto, el conglomerado que las conectaba no era responsabilidad de nadie.
En República Dominicana, la Superintendencia de Bancos (SB) supervisa el banco, la Mercado de Valores (SIMV) supervisa la administradora de fondos y la Sipen supervisa a las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Los tres reguladores cumplen su función. El vacío está entre ellos: el conglomerado que los articula a todos no tiene un supervisor que lo vea completo en la práctica.
Los tres grupos financieros que concentran RD$4 billones 150,000 millones en activos bancarios -donde los cinco principales bancos representan el 78.2% del total- operan también como administradores de fondos de inversión y como intermediarios de valores. Ese cruce de actividades, sin supervisión consolidada, comparte elementos estructurales con la arquitectura que en 2008 dificultó la detección temprana del riesgo sistémico.
La Ley 249-17 estableció un marco regulatorio moderno para el mercado de valores. Ese es un avance real. El Fondo Monetario Internacional (FMI) aplica un principio general en sus evaluaciones de estabilidad financiera: riesgos similares deben recibir regulación similar, un estándar que la propia SB reconoce como pertinente para el caso dominicano. La SB lo planteó en marzo de 2026: la arquitectura actual deja “lagunas de supervisión” donde no queda claro quién respondería si algo sale mal. Lo que falta es dar el paso siguiente: un mandato explícito de supervisión en base consolidada que obligue a medir el riesgo donde realmente reside, en el conglomerado, no en sus partes.
El Congreso respondió con la Ley Dodd-Frank en 2010: una reforma que, por primera vez, creó el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera (FSOC) con mandato explícito de vigilar el sistema completo, no sus partes por separado. Esa ley no solo creó supervisión consolidada, también introdujo la Regla Volcker para limitar conflictos de interés y mecanismos de liquidez para instrumentos opacos. Las soluciones ya fueron probadas. El costo del experimento lo pagaron otros.
República Dominicana tiene una ventaja al respecto, ya que puede diseñar esa arquitectura antes de necesitarla.
El segundo mecanismo opera más cerca del inversor. La Comisión de Investigación de la Crisis Financiera de Estados Unidos documentó en 2011 que los bancos de inversión vendían instrumentos hipotecarios mientras tomaban posiciones que se beneficiaban de su caída. El cliente asumía el riesgo. El banco tenía la cobertura.
En el modelo dominicano, la asimetría es análoga. Cuando el banco de un conglomerado financia un proyecto con garantía hipotecaria y la administradora del mismo grupo vende cuotas de ese proyecto al público, ambas partes quedan expuestas al mismo activo con derechos distintos: el banco cobra primero.
Esto no es fraude. Es la estructura legal del instrumento. El problema es que esa estructura no siempre se explica con la misma claridad con que se presenta la tasa proyectada. Y una tasa proyectada sin contexto es una expectativa que, sin mayor información, puede interpretarse como una certeza.
La corrección no requiere prohibir el modelo; requiere transparencia obligatoria: que el aportante firme sabiendo quién más tiene derechos sobre el activo y en qué orden de prelación. Esa revelación precontractual no existe hoy de forma estandarizada y accesible para el inversor minorista. En 2008, su ausencia costó billones. Aquí puede costar mucho antes de llegar a esa escala.
El tercer mecanismo es el más silencioso. Uno de los amplificadores más destructivos de la crisis de 2008 fue la iliquidez. Los instrumentos respaldados por hipotecas no tenían mercado secundario real. Cuando los precios cayeron, no había compradores. Los inversores que creían poder salir descubrieron que la salida era una ilusión.
En República Dominicana, el 74.3% del patrimonio administrado por las administradoras de fondos de inversión (AFI) está invertido en fondos cerrados (RD$304,638 millones sin mercado secundario activo). Más de la mitad de ese capital se canaliza a través de vehículos adicionales de inversión hacia empresas en expansión, sin garantía real directa que el aportante pueda identificar.
En condiciones normales, la iliquidez no es visible; se vuelve visible en una crisis, exactamente cuando más importa.
Desarrollar el mercado secundario para fondos cerrados no es un lujo de mercados maduros. Es la válvula que convierte un sistema frágil en uno que puede resistir. México lo ilustra con los CKD, que son los instrumentos de largo plazo con liquidez secundaria prácticamente inexistente.
Los tres mecanismos señalan la misma dirección. El sistema financiero dominicano recorrió un largo camino desde Baninter en 2003, y ese progreso es precisamente la razón por la que los pasos siguientes son alcanzables.
Después de 22 años, el sistema financiero dominicano es más sólido, más regulado y más transparente. Ese progreso es real. Tres áreas de mejora permanecen abiertas y son abordables con los instrumentos regulatorios existentes: supervisión en base consolidada para conglomerados que actúan como una sola entidad, revelación precontractual estandarizada de conflictos de interés, y desarrollo del mercado secundario que ofrezca al inversor minorista una salida real antes del vencimiento.
La crisis de 2008 no es una amenaza para República Dominicana; es un mapa, un plano de los mecanismos que otros corrigieron a un costo enorme. Ese mapa ya existe y está disponible. Usarlo no requiere una crisis; requiere decisión.
Lo que cierra esta serie no es una advertencia, es una constatación: el momento para fortalecer estas estructuras es ahora, cuando el sistema tiene solidez, cuando los instrumentos regulatorios existen y cuando el margen para actuar mejor todavía es amplio.
