“Quien no se prepara, se prepara para fracasar”.- Benjamín Franklin
Se ha cuestionado con insistencia si nuestro andamiaje normativo posee la fortaleza necesaria para anticipar y neutralizar los riesgos que desembocan en catástrofes como la del Jet Set, y si contamos con un cuerpo técnico de inspectores y reguladores capaz de ejecutar ese mandato.
Conscientes de no ser especialistas en seguridad infraestructural, emprendimos una pesquisa exhaustiva que nos llevó a descubrir un entramado jurídico que, en apariencia, cubre todos los frentes: la Ley 160-21, que creó el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones; la Ley 687-82, pionera en la instauración de reglamentos técnicos para obras de ingeniería y arquitectura; el Decreto 715-01, que dio vida a la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie); y el Reglamento 201-2011 para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras. Durante más de seis décadas operamos con la Ley 5150 de 1959 hasta su derogación en 2021.
Bajo el Decreto 715-01, Onesvie adquiere un perfil decididamente proactivo: debe coordinar, supervisar y evaluar la seguridad de toda construcción o instalación con elevado flujo de personas, ya sea un edificio gubernamental, un centro comercial o una discoteca de barrio.
En la práctica, sus funciones comprenden inspecciones periódicas -con diagnósticos técnicos exhaustivos- en espacios tan diversos como recintos deportivos, salas de espectáculos y zonas de uso público intensivo; el monitoreo de parámetros estructurales críticos; la elaboración y actualización de planes de prevención, y la definición de protocolos de actuación conjunta en caso de emergencia, diseñados para evacuar, mitigar daños y proteger vidas. El mismo decreto prevé, además, auditorías rigurosas y sanciones administrativas para quienes incumplan las normativas en cualquier fase de la obra.
Pese a la amplitud de este marco legal, la realidad cotidiana exhibe grietas preocupantes. En primer lugar, las limitaciones presupuestarias obstaculizan la adquisición y mantenimiento de equipos de medición avanzada, así como la contratación de consultorías especializadas que fortalezcan la capacidad técnica de la entidad.
En segundo lugar, la vertiginosa evolución de la ingeniería sísmica exige programas de formación continua para los inspectores, quienes deben estar al día en metodologías de diagnóstico, nuevas herramientas de simulación y criterios internacionales de diseño. En ausencia de esta capacitación permanente, los protocolos de inspección pierden eficacia y dejan de ser un escudo confiable contra posibles fallas.
Por otro lado, el déficit de sistemas de información integrados impide a ONESVIE llevar un registro en tiempo real de las inspecciones realizadas, las anomalías detectadas y las medidas correctivas adoptadas. Sin una plataforma digital unificada que centralice datos, cronogramas y reportes técnicos, la trazabilidad de los procesos se diluye y la coordinación con otras instituciones competentes —Protección Civil, Defensa Civil, municipios— se torna fragmentaria.
Al mismo tiempo, el sector privado, titular de una buena parte de las obras, no siempre asume con rigor su responsabilidad de cumplir los requisitos, certificarse y mantener actualizados los planes de prevención. Esta actitud pasiva socava la cultura de seguridad que debería permear a propietarios, administradores y usuarios de los espacios.
Frente a estas deficiencias, podemos sospechar que impide que ONESVIE, con más de veinte años de trayectoria, ejerza plenamente sus atribuciones. Como se explicó se conjugan una serie de factores interrelacionados: financiamiento insuficiente, carencias formativas, obsolescencia tecnológica y falta de un compromiso real del sector privado y de la sociedad civil.
Evaluar a fondo el presupuesto asignado, diagnosticar la planta técnica disponible, revisar las credenciales de los inspectores y diseñar y poner en marcha una plataforma de información integrada, acompañada de un programa de capacitación permanente y de campañas de sensibilización dirigidas a todos los actores involucrados, son solo los más importantes desafíos. Enfrentándolos podremos transformar un cuerpo normativo, sin duda robusto sobre el papel, en un instrumento vivo de prevención y vigilancia.
