El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana (Caesco) emitió un informe preliminar sobre el anteproyecto de Ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales, advirtiendo la necesidad de alcanzar una pieza legislativa que conserve un enfoque corregulador y multiactor desde el punto de vista donde el marco jurídico permita la participación del Estado, de las empresas de servicios digitales, los medios de comunicación, los periodistas y creadores de contenido en el proceso de regulación.
En ese sentido, Caesco ve positivo que se pida a las plataformas transparencia sobre el comportamiento de sus algoritmos, especialmente en la moderación y recomendación de contenido, ya que estos son los que están definiendo las dimensiones de la libertad de expresión en los entornos privados porque “pueden decidir qué es eliminado o qué ve y qué no ve el usuario, e incluso, en qué momento lo ve”; desde una jerarquización de los contenidos, que en la mayoría de los casos cae en una zona gris.
Caesco entiende importante que se introduzca la inteligencia artificial por la incidencia que tiene, no solo en el comportamiento de los algoritmos, sino también en la creación de contenido que van desde textos hasta imágenes y videos con intención maliciosa en contextos sociales sensibles como procesos electorales, seguridad, salud, entre otros.
El presidente de Caesco, Miguel Otáñez, expresó que “un aspecto fundamental que se ha dejado de mencionar de forma explícita en el anteproyecto de ley es la alfabetización mediática y alfabetización digital, las cuales no se pueden dejar a voluntades futuras, puesto que estas van a ser herramientas para que la ciudadanía pueda tener una participación activa en la corregulación como parte interesada y afectada, que invoque y realice el debido proceso”.
“Ese debido proceso es el que va a permitir que todas las partes puedan hacer ejercicio de sus libertades en los entornos digitales o tradicionales, por ende, tener las competencias necesarias para conocer el mismo y hacer uso de este también definirá la plenitud de la libertad”, dijo Otáñez.
De igual forma, explicó que “el mayor reto estará en las bajadas para la aplicación, funcionabilidad y legitimidad de esta ley, estableciendo código de conductas, procedimientos y reglamentos que se conviertan en garras para la acción y no en sobrerregulación que limite derechos o que en su defecto pase a ser letra muerta por la falta de herramientas y otros recursos necesarios”.
Caesco establece que el proyecto conserva garantías importantes y derechos, además de la libertad de expresión, como el acceso universal a internet, reconociéndolo como condición esencial para ejercer otros derechos en la era digital. Protege la cláusula de conciencia, el secreto profesional, el acceso a fuentes, y garantiza la seguridad de periodistas, prohíbe la censura previa y promueve la pluralidad y neutralidad tecnológica.
Sin embargo, “es importante evitar ambigüedades que puedan desdibujar las fronteras entre el derecho a la libertad de expresión y otros derechos fundamentales que puedan afectar el clima democrático. Debemos entender que lo actual de una ley como esta siempre estará condicionada a la velocidad de la tecnología, la cual es imposible de sincronizar”, dijo Otáñez.
