La minería continúa siendo uno de los sectores más dinámicos de la economía dominicana, no solo por sus contribuciones al fisco, sino por su capacidad de generar empleos, encadenamientos productivos y desarrollo en zonas que históricamente han tenido limitada inversión pública.
Así lo afirmó Martín Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe), al destacar la urgencia de resolver los obstáculos que afectan proyectos estratégicos, como la presa de cola en la provincia Sánchez Ramírez, cuya paralización representa pérdidas diarias estimadas en US$1.2 millones para el Estado.
Con un precio del oro superior a los US$3,300 la onza, el país enfrenta una oportunidad única para maximizar los beneficios derivados de la minería. Valerio resaltó que los permisos y autorizaciones para obras vitales ya han sido emitidos por las autoridades competentes, y llamó a que se dé cumplimiento a los procesos administrativos y legales vigentes, en apego al Estado de derecho.
La Camipe recordó que, durante los últimos años, las operaciones mineras han representado hasta un 1.4% del producto interno bruto (PIB) nacional, mientras que algunas empresas aportan más del 1% por sí solas. A lo largo de la última década, las exportaciones mineras han constituido una fuente importante de divisas y estabilidad macroeconómica.
En cuanto al componente ambiental, Valerio subrayó que los proyectos mineros en el país se rigen por planes de manejo y compensación ambiental conforme a la Ley 64-00. Explicó que los procesos de reforestación y restauración ecológica son parte integral del modelo de operación responsable que ha adoptado la industria.
Puso como ejemplo la provincia Sánchez Ramírez, una de las más verdes del país, para evidenciar que minería y medioambiente no son incompatibles.
También llamó a evitar la desinformación y a abordar los temas mineros con evidencia técnica y científica, en vez de discursos populistas o ideológicos que, como se ha visto en otros países, pueden derivar en la pérdida de miles de empleos y la parálisis de regiones completas.
En relación con otras operaciones, abogó por que las autoridades aceleren la emisión de los permisos necesarios para realizar estudios de impacto ambiental en San Juan y en Dajabón, donde se han identificado depósitos con potencial aurífero. Según explicó Valerio, estos estudios son un paso previo indispensable para evaluar cualquier futura operación minera, conforme lo establece la normativa ambiental vigente.
El gremio minero reiteró la necesidad de actualizar la Ley 146-71, que aunque ha sido pilar del crecimiento sectorial, ya no responde a los estándares actuales de sostenibilidad, seguridad jurídica y armonía con el marco ambiental. “Una nueva legislación permitiría consolidar un clima de inversión robusto y transparente, articulado con las demandas de protección de los recursos naturales y participación de las comunidades”, considera.
Camipe también valoró positivamente, la tregua anunciada entre China y Estados Unidos, ya que esto ha permitido una mejora en los mercados internacionales en la valorización del oro y del cobre.
Finalmente, Valerio destacó que el 5% de los beneficios generados por la minería va destinado a las provincias con actividad extractiva, mediante el Fondo de Desarrollo Minero, y reiteró la necesidad de que esos recursos sean administrados con transparencia y eficacia, para potenciar su impacto en desarrollo humano, infraestructura y empleabilidad local.
