Una joven en Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa, camina cada tarde hasta el play municipal para enviar su tarea. En Vallejuelo, provincia San Juan, el liceo tiene computadoras donadas, pero no Internet.
En una comunidad de Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, un colmadero no puede cobrar con tarjeta porque al verifón se le va la señal. Son historias que se repiten en cientos de comunidades rurales, donde la “transformación digital” sigue siendo una promesa que no ha tocado la tierra.
Desde el año 2000, los ciudadanos dominicanos pagamos un impuesto incluido en nuestras facturas telefónicas y de Internet: el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT). Su objetivo es claro: garantizar el acceso universal a servicios de conectividad, especialmente en zonas apartadas. A lo largo de dos décadas, se han recaudado más de RD$7,000 millones, pero miles de comunidades continúan sin acceso básico.
Esa brecha no se debe a falta de recursos. Es consecuencia directa de una falla en la ejecución institucional y en la planificación intergubernamental.
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), responsable del manejo del FDT, tuvo en 2023 un presupuesto superior a RD$1,400 millones, de los cuales más del 60% fue destinado a gastos operativos internos.
Las inversiones directas en infraestructura de conectividad rural fueron marginales. A esto se suma que en los últimos tres años no se han lanzado convocatorias públicas significativas para ampliar la cobertura digital comunitaria, salvo proyectos piloto sin continuidad.
Pero el problema no se limita a una sola institución. El Ministerio de Educación anunció en 2021 un plan para dotar con Internet a 1,000 escuelas rurales, en alianza con operadores privados y el Gabinete de Transformación Digital. Hoy, según informes cruzados del Ministerio de Educación (Minerd) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE), más de 400 de esas escuelas siguen sin conectividad funcional.
Mientras tanto, se distribuyen tabletas que no pueden usarse y se exige una transformación curricular que depende de redes que no existen.
En la comunidad de Los Ríos, Barahona, estudiantes de bachillerato deben subir a una loma para poder enviar un trabajo. En Restauración, Monte Cristi, el centro de capacitación técnica inaugurado en 2022 opera sin conectividad estable. En Sabana de la Mar, más de 2,000 hogares figuran como “conectados” según estadísticas oficiales, pero en la práctica el servicio es intermitente y costoso. La estadística no refleja la verdad del territorio.
El Indotel tiene más de 400 empleados, y ha invertido cifras significativas en campañas de promoción institucional, pero su capacidad real de cerrar brechas digitales sigue estancada. El Gabinete de Transformación Digital, con sede en el Ministerio de la Presidencia, ha presentado planes ambiciosos, pero sin cronogramas vinculantes ni métricas públicas de cumplimiento. Y mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando por un servicio que no reciben.
La falta de conectividad no es un asunto técnico. Es un problema de justicia territorial. El acceso a Internet no es un lujo: es la puerta de entrada al trabajo, la educación, la salud y la participación democrática. Si no conectamos a los más pobres, profundizamos las desigualdades estructurales y convertimos la digitalización en un nuevo muro invisible.
Por eso propongo tres medidas concretas:
- La creación de un sistema de evaluación pública y territorial del FDT, con participación comunitaria, para verificar si lo que se paga se convierte en acceso real.
- Reformular los criterios de asignación presupuestaria, con el fin de darle prioridad a municipios con baja cobertura y alta desigualdad digital, según el último censo.
- Ejecutar alianzas público-comunitarias con resultados verificables, donde las comunidades participen en el diseño, seguimiento y fiscalización.
Hoy no se trata de ampliar cobertura sobre papel. Se trata de cambiar la lógica de inversión: del centro a la periferia, del discurso a la ejecución, del privilegio al derecho.
Un país que habla de República Digital pero no conecta a sus comunidades más vulnerables, no está modernizándose. Está maquillando la exclusión.
Y el futuro no se construye con marketing, sino con voluntad política, justicia presupuestaria y presencia institucional donde más se necesita.
