“La seguridad a expensas de la libertad es el camino seguro hacia la tiranía”.- Benjamín Franklin.
La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de renovar masivamente la cédula de identidad y electoral con un costo estimado de RD$6,000 millones reabre el debate sobre cómo equilibrar modernización tecnológica, eficiencia en el uso de recursos públicos y respeto a la ley y a los derechos adquiridos.
Actualizar el documento más importante para la identidad y el ejercicio de derechos políticos y civiles es necesario. La amenaza creciente de la ciberdelincuencia y la suplantación de identidad obliga a reforzar la seguridad. La nueva cédula incorporará policarbonato con grabado láser, chip seguro, código QR y datos biométricos cifrados para prevenir clonaciones y falsificaciones.
La controversia no es sobre la necesidad de un documento más seguro, sino sobre el procedimiento. El Artículo 20, numeral 12, de la Ley 20-23 faculta a la JCE a modificar diseño y contenido, pero no a acortar la vigencia legal de las cédulas ya emitidas. Juristas advierten que una resolución administrativa no puede modificar derechos ni plazos fijados por ley, principio protegido por la Constitución. La seguridad tecnológica no debe imponerse a costa de la seguridad jurídica.
El antecedente de 2014 es ilustrativo. Entonces, la JCE declaró la caducidad universal de todas las cédulas, ignorando el plazo de diez años que establecía la ley. Dos miembros titulares se opusieron por vulnerar la jerarquía normativa. Aunque el marco legal ha variado, persiste el riesgo de repetir prácticas que afecten la confianza legítima de los ciudadanos, principio reconocido por el Tribunal Constitucional en sentencias como la TC/0168/13 y la TC/0441/15.
El aspecto económico agrava el debate. Con 8,075,894 ciudadanos cedulados, el costo promedio por documento asciende a unos RD$743. En un país con déficit fiscal, endeudamiento creciente, vulnerabilidades externas y prioridades sociales insatisfechas, un gasto de esta magnitud debe sustentarse en un análisis de costo-beneficio que demuestre necesidad y eficiencia.
A ello se suma el proceso de licitación. El único oferente habilitado, el Consorcio Emdoc, presentó una propuesta de RD$3,363 millones, que supera en más de RD$1,200 millones la apropiación presupuestaria de la JCE.
Los detalles de la oferta tampoco son menores. Cada plástico se estima en RD$156, mientras que las 214 máquinas de impresión alcanzan un costo unitario de 4.9 millones, con un gasto total superior a RD$1,069 millones. Se agregan RD$208.8 millones para cédulas digitales, RD$75.4 millones para mantenimiento de impresoras y RD$470.8 millones en exenciones tributarias. Un esquema de costos que, lejos de disipar dudas, exige explicaciones.
No olvidemos que la JCE carga con un historial de decisiones cuestionadas en materia tecnológica. Basta recordar los 48,000 equipos adquiridos por más de 31.8 millones de dólares durante la gestión de 2016, que nunca funcionaron como se esperaba y terminaron almacenados sin utilidad práctica. Estos precedentes obligan a exigir más rigor en la planificación, la transparencia y la rendición de cuentas, garantías legales y administrativas que preserven los derechos ciudadanos y eviten un uso cuestionable de los fondos públicos.
Una alternativa más equilibrada sería la renovación gradual, permitiendo que las cédulas actuales agoten su ciclo legal mientras se emite el nuevo documento a quienes ya les corresponde por vencimiento. Así se reduciría la presión logística, el gasto inmediato y se respetarían las expectativas legítimas de los ciudadanos.
