La falta de supervisión efectiva convierte las instituciones públicas en escenarios recurrentes de impunidad y desconfianza. El caso Senasa es solo el más reciente reflejo de una cultura institucional que se resiste a la transparencia.
En República Dominicana, la supervisión pública ha dejado de ser sinónimo de control y responsabilidad para convertirse, con demasiada frecuencia, en una figura meramente simbólica. Los casos se acumulan: bancos quebrados, aseguradoras colapsadas y, ahora, el escándalo del Seguro Nacional de Salud (Senasa). Detrás de cada crisis institucional se esconde la misma raíz: la negligencia de los organismos llamados a velar por la transparencia y el interés público.
La Ley 87-01, en su Artículo 175, establece con claridad las responsabilidades de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). Sin embargo, los hechos demuestran que la supervisión ha fallado. Cuando los controles se relajan y los directivos optan por mirar hacia otro lado, las consecuencias las pagan los ciudadanos. Ante esta realidad, lo ético y lo correcto habría sido la renuncia del titular de la entidad supervisora, acompañada de una investigación exhaustiva sobre su gestión.
El Senasa, como otras instituciones del mercado de seguros de salud, refleja las debilidades de una cultura institucional donde la ética y la transparencia siguen siendo excepciones, no reglas. En un entorno donde la opacidad es tolerada y la rendición de cuentas es la excepción, el ciudadano común se convierte en la principal víctima. La falta de vigilancia permite que florezcan prácticas indebidas y se perpetúe la impunidad.
No hablamos solo de tecnicismos administrativos; hablamos de recursos públicos, de dinero que pertenece a todos los dominicanos y que debe destinarse a garantizar la salud, no a alimentar la ineficiencia o corrupción. Cuando las instituciones que manejan fondos públicos actúan con negligencia o dolo, el daño trasciende lo económico: se erosiona la confianza ciudadana y se hiere el tejido moral del Estado.
Las lecciones del pasado son elocuentes. Las quiebras bancarias y aseguradoras dejaron una estela de pérdidas y desconfianza. Años después, muchos procesos de liquidación y devolución de fondos siguen sin concluir, sin que haya sanciones ejemplares ni claridad sobre la recuperación de los recursos.
El presupuesto nacional y el producto interno bruto del país manejan un volumen considerable de recursos que sustentan la vida económica, social y humana de la nación. No podemos seguir administrándolos con ligereza, desparpajo o indiferencia.
La supervisión es el corazón del sistema institucional, y su debilitamiento equivale a un ataque directo contra la confianza pública y el desarrollo sostenible.
Desde una explosión en San Cristóbal hasta el colapso de un centro de diversión, pasando por fraudes en el sector salud o financiero, se repite la misma constante: la ausencia de vigilancia efectiva del Estado. La impunidad no es solo un síntoma; es una enfermedad crónica que erosiona la credibilidad institucional y el bienestar colectivo.
El Senasa es hoy el espejo de esa enfermedad. Mientras no se asuman responsabilidades y se fortalezcan los mecanismos de control, seguiremos viendo cómo las piñatas de la impunidad se reparten entre los mismos de siempre. Y, una vez más, será el pueblo quien pague los platos rotos.
