El presidente de Odebrecht Latinvest, Mauricio Cruz, afirmó que la empresa “actúa para reparar” los “errores” que ha cometido y aseguró que la empresa no va a permitir “que una situación similar vuelva a ocurrir”, por lo que “seguirá promoviendo y apoyando investigaciones internas y externas” sobre el caso.
La constructora supuestamente aplicó la práctica de los sobornos en más de 100 proyectos en 12 países de América Latina y África donde pagó aproximadamente 788 millones de dólares, de acuerdo a los documentos estadounidenses.
Mauricio Cruz fue designado la semana pasada como presidente de Odebrecht Latinvest, la filial del grupo brasileño responsable de la inversión en concesiones en América Latina y cuya sede está en Lima.
En Lima, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó que su Gobierno está “analizando varias alternativas” para afrontar el caso de sobornos entregados por la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios del país entre 2005 y 2014.
El primer ministro de Perú, Fernando Zavala, anunció anteriormente que Odebrecht no podrá volver a participar en una licitación en el país y que “en las obras en ejecución” van “a asegurar la continuidad del servicio, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.”
En Panamá, la vicepresidenta y canciller de ese país, Isabel De Saint Malo, sostuvo que la constructora brasileña Odebrecht, señalada de pagar 59 millones de dólares en sobornos para conseguir contratos en Panamá, tendrá que “devolverle lo que le corresponde al pueblo panameño”.
“Esa empresa tendrá que rendir cuentas, devolverle lo que le corresponde al pueblo panameño”, respondió De Saint Malo a preguntas de los periodistas a las puertas de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
Para ello, añadió, “tendría que haber algún tipo de acuerdo”, algo que deberá dilucidar la Justicia panameña. “En otros países se ha establecido una forma de pago hasta 10-20 años, con un calendario, depende de cada país”, agregó la alta funcionaria panameña.
El Ministerio Público (MP, Fiscalía) panameño anunció que pedirá mediante asistencia judicial información a Estados Unidos, cuyo Departamento de Justicia reveló en diciembre que la constructora pagó los 59 millones de dólares en sobornos en Panamá entre 2009 y 2014.
El miembro del Consejo de Administración de Odebrecht y encargado de la nueva política anticorrupción de la empresa, Sérgio Foguel, califico el pasado 22 de diciembre de “desvíos de conducta lamentables” el pago de sobornos por parte de la constructora a funcionarios de doce países de Latinoamérica y África.
Odebrecht Panamá expresó por su lado su “entera disposición” para cooperar con las autoridades del país, cuyo Ejecutivo, presidido por Juan Carlos Varela, ya anunció que la posibilidad de que la constructora participe en futuras licitaciones está supeditada a que colabore con las investigaciones locales y resarza al Estado.
La empresa brasileña, que tiene 8,000 trabajadores en Panamá, está actualmente involucrada en proyectos como la construcción de la Línea 2 del Metro de la capital panameña, por más de 1,857 millones de dólares; la renovación de la ciudad de Colón, por 537 millones de dólares, y la ampliación del aeropuerto de Tocumen, por cerca de 800 millones de dólares.
“Confiamos en que el Ministerio Público y el Sistema de Administración de Justicia deslindarán responsabilidades y aplicarán las sanciones correspondientes a los responsables de los actos de corrupción que se están investigando y los que han sido de conocimiento público en los últimos días”, dijo hoy Varela en un discurso de rendición de cuentas ante el Parlamento.
En Lima, el presidente del Perú, dijo que su país analiza “varias alternativas” ante el caso Odebrecht. En declaraciones a la emisora RPP Noticias, el gobernante no descartó que se pueda presentar una denuncia para pedir a Odebrecht una indemnización por daños y perjuicios.
“Estamos analizando varias alternativas. Sin duda una de ellas es esa, pero hay que ver caso por caso también. Porque, si no, vamos a entrar en unas complicaciones terribles de juicios interminables. El Perú ha perdido casi todos los arbitrajes que ha hecho afuera”, comentó.
Kuczynski dijo estar “absolutamente” a favor de que la Fiscalía haga públicos los nombres de los funcionarios estatales peruanos involucrados en el caso de los sobornos. “Está bien, que se conozcan los nombres, pero hay muchos nombres, me imagino yo”, señaló.
El gobernante consideró que si bien los directivos de la empresa brasileña han reconocido el pago de sobornos, el tema se tiene que investigar y seguir “el debido proceso”.
Aseguró, además, que desde su Gobierno “no hay ninguna tibieza” sobre este tema, aunque recordó que hay empresas filiales de Odebrecht que manejan obras importantes en el país, como la Línea 1 del metro de Lima.
“¿Queremos parar el tren y dejar a medio millón de pasajeros sin transporte? Todo eso se tiene que ver, son problemas complejos. Pero de que hay una lucha absolutamente imparable contra la corrupción, no lo duden”, acotó.
La semana pasada el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un informe en el que señaló que Odebrecht y algunas de sus filiales pagaron aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, incluido Brasil, para obtener contratos públicos.
En Perú, la empresa pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de EE.UU.
