República Dominicana no solo es el país con más accidentes de tránsito en América Latina, sino que lidera en el ámbito mundial, oscilando entre el primer y segundo lugar con una tasa nacional estimada en 20.02 muertes por cada 100,000 habitantes, acorde con los datos más recientes de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Al respecto, el titular de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk, quien fue entrevistado por elDinero, destacó que la inspección vehicular podría reducir la siniestralidad vial. De hecho, ese mecanismo ha sido utilizado con éxito en países de la región.
El funcionario informó que la entidad que preside está trabajando en el proyecto de Inspección Técnica Vehicular, cuya licitación será presentada este año, el cual no solo representará la reducción de emisiones de carbono, sino que se regirá por estándares internacionales.
Estructuración
De acuerdo con Lugo Risk, se contrató a una de las empresas más prestigiosas en la materia para acompañar al país caribeño en la estructuración de la iniciativa bajo el modelo de alianza público-privada (APP), pero, además, la licitación ha despertado el interés de capitales extranjeros, con empresas de diversos Estados preparadas para competir por la operación de los centros de inspección.
“La estructuración del proyecto va por alrededor de US$80 millones, pues, se dividirá el país (República Dominicana) en dos lotes con 15 centros de inspección cada uno, y además, serán escogidos dos adjudicatarios”, manifestó al tiempo de agregar que esos espacios no serán talleres, sino que se centrarán en identificar fallas y recomendar cuáles partes deben arreglarse.
Lugo Risk explicó que, hasta que no arreglen las fallas en los talleres que prefiera el conductor, no se le emitirá ni marbetes ni autorizaciones. De hecho, los propietarios de vehículos tendrán un plazo para hacer los ajustes necesarios y volver a los centros de inspección.
Según el titular de la DGAPP, la salida de circulación de los vehículos obsoletos será un proceso escalonado. El funcionario precisó, además, que el objetivo no es paralizar el transporte con exigencias extremas desde el inicio, sino implementar un “proceso paulatino” que se ajuste a la realidad socioeconómica del país, permitiendo que los ciudadanos se adapten gradualmente a los nuevos estándares técnicos.
