La electricidad es una de las bases más silenciosas del desarrollo. Solo cuando falla se vuelve visible. El reciente apagón nacional en República Dominicana volvió a recordarlo. Cuando el suministro eléctrico se interrumpe a escala país, no solo se apagan luces: se detienen procesos productivos, se afectan servicios esenciales y se pone a prueba la capacidad operativa del Estado.
El informe preliminar pendiente de publicar ayudará a esclarecer las causas inmediatas del evento. Pero, más que la falla puntual, el episodio vuelve a plantear la pregunta: ¿qué tan resiliente es el sistema eléctrico y qué tan capaz es el país de sostener infraestructura crítica bajo presión?
El país no enfrenta un vacío de diagnóstico en este sector. Durante más de dos décadas ha contado con apoyo técnico y financiero continuo de organismos multilaterales y del sector privado. Se han fortalecido marcos regulatorios, se ha ampliado la capacidad instalada y se consensuó un Pacto Eléctrico que establece lineamientos para la sostenibilidad del sistema.
El sector, además, ha sido uno de los principales receptores de inversión extranjera directa en los últimos años. Según el Banco Central, la energía captó 23.8% de la IED en 2025, mientras que estimaciones de ProDominicana indican que entre 2015 y 2024 acumuló más de US$4,000 millones en inversión. Sin embargo, la implementación de las reformas sigue siendo el desafío central. La brecha entre acuerdos y ejecución continúa siendo el núcleo del problema.
También existe una dimensión fiscal que no puede ignorarse. El subsidio eléctrico ha llegado a representar hasta cerca del 1.4% del PIB, presionando el déficit fiscal.
La experiencia internacional reciente confirma que economías avanzadas enfrentan interrupciones de gran escala. Chile revisó sus protocolos tras su apagón nacional de 2025, mientras España y Portugal reforzaron la resiliencia de sus redes luego del colapso del sistema en ese mismo año. En esos casos, la lección fue similar: la resiliencia no depende solo de capacidad instalada, sino también de gobernanza operativa.
Para economías pequeñas y abiertas como la dominicana, la confiabilidad eléctrica incide directamente en la competitividad, la percepción de riesgo y la atracción de inversión.
Cuando el sistema eléctrico funciona de manera predecible, la economía opera con mayor eficiencia y las decisiones de inversión pueden planificarse a largo plazo. Cuando falla, la incertidumbre se traslada al resto del aparato productivo y revela la calidad -o fragilidad- de nuestras instituciones. En última instancia, el desarrollo depende de la capacidad de un país para sostener infraestructura crítica con instituciones sólidas, reglas claras y ejecución continua.
Porque el desarrollo no se prueba solo en indicadores. Se prueba en la capacidad de mantener funcionando los sistemas que hacen posible la vida económica.
