El anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica propone una transformación del rol del Estado en la supervisión de los mercados. Entre sus innovaciones está la ampliación de las facultades de la autoridad de competencia, incluyendo la de incidir de forma transversal en todos los sectores económicos. Este enfoque busca coherencia regulatoria, pero plantea interrogantes sobre sus límites.
La competencia es un principio básico en cualquier economía moderna. Sin embargo, los mercados no son homogéneos ni responden a una única lógica regulatoria. Sectores como el financiero, de seguros o mercado de valores operan bajo esquemas técnicos diseñados para atender riesgos que trascienden la dinámica competitiva.
En estos sectores, la regulación no solo persigue eficiencia económica, también, y quizás hasta más fundamental, la estabilidad sistémica. Variables como solvencia, liquidez y gestión de riesgos ocupan un lugar central en la toma de decisiones regulatorias. En ese contexto, la competencia es un objetivo relevante pero no dominante.
El anteproyecto otorga a la autoridad de competencia facultades para interactuar con reguladores sectoriales. Esto incluye la emisión de informes, recomendaciones y, en ciertos casos, pronunciamientos con efectos relevantes sobre la actividad regulatoria.
Pero, la superposición de competencias es una fuente clásica de incertidumbre jurídica. Cuando múltiples autoridades inciden sobre una misma materia, los agentes económicos enfrentan reglas menos claras y potencialmente contradictorias.
En economías como la dominicana, este riesgo adquiere mayor relevancia. Muchos sectores están altamente regulados y dependen de marcos institucionales estables para atraer capital. La introducción de un regulador transversal con amplias facultades puede alterar ese equilibrio.
Otro elemento crítico es la especialización técnica. Los reguladores sectoriales han desarrollado capacidades para entender las dinámicas propias de los mercados. Pretender que una autoridad generalista replique ese nivel de conocimiento en todos los sectores resulta difícilmente alcanzable.
La tendencia internacional no apunta a la centralización absoluta de funciones regulatorias. Por el contrario, muchos sistemas privilegian esquemas de coordinación entre autoridades, donde la competencia actúa como criterio relevante, pero no excluyente. Este enfoque permite preservar la especialización sin sacrificar la coherencia.
El riesgo del modelo propuesto es que desplace ese balance hacia una lógica de jerarquía, y podría terminar imponiendo criterios uniformes sobre realidades sectoriales distintas. No se trata de restar importancia a la política de competencia. Su rol es fundamental para prevenir abusos de poder de mercado. Pero su efectividad depende de su capacidad de coexistir con otros objetivos regulatorios igualmente legítimos.
La modernización del derecho de la competencia es una oportunidad para fortalecer el entorno económico. Sin embargo, ese fortalecimiento debe evitar la concentración excesiva de poder regulatorio en un solo ente. En materia institucional, el equilibrio suele ser más eficiente que la centralización.
