La gestión del Estado exige mucho más que el cumplimiento de normas administrativas o la correcta ejecución del presupuesto público.
Gobernar implica, cada vez más, tomar decisiones en contextos de alta incertidumbre, anticipar riesgos y proteger el interés público frente a amenazas financieras, operativas, legales, sociales y reputacionales.
En este escenario, las regulaciones de control interno administrativo y financiero de las instituciones públicas de República Dominicana adquieren un rol estratégico, siempre que se articulen con una gestión del riesgo integrada y orientada a resultados.
Marco normativo
República Dominicana ha construido un andamiaje jurídico relevante en materia de control y gestión financiera del Estado. La Ley 10‑07, que crea el Sistema Nacional de Control Interno (Sinaci), asigna a la Contraloría General de la República la rectoría del sistema, con el mandato de promover controles preventivos, eficiencia operativa y rendición de cuentas. Este marco se complementa con las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci), la Ley Orgánica de Presupuesto (423‑06), la Ley de Compras y Contrataciones Públicas (18‑24) y la Ley de Administración Pública (247‑12).
Desde el punto de vista normativo, el país cuenta con reglas claras y alineadas con estándares internacionales. Sin embargo, el desafío principal no radica en la ausencia de regulación, sino en la brecha entre el diseño normativo y su aplicación efectiva en la gestión cotidiana de las instituciones públicas.
Un vínculo subutilizado
Las Nobaci conciben el control interno como un proceso integral destinado a proporcionar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos institucionales, el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento legal. Dentro de este enfoque, la gestión del riesgo ocupa un lugar central, al requerir la identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos que pueden afectar el desempeño institucional.
No obstante, en la práctica, la gestión del riesgo suele reducirse a un ejercicio formal, limitado a la elaboración de matrices o mapas que cumplen una función documental, pero que rara vez influyen de forma real en la toma de decisiones.
Esta visión restringida debilita el potencial del control interno como herramienta de gestión y convierte el riesgo en un requisito administrativo, en lugar de un insumo estratégico.
Buenas prácticas internacionales
A nivel internacional, el marco Coso ERM (Enterprise Risk Management) se ha consolidado como una referencia clave para integrar la gestión del riesgo a la gobernanza institucional. Este modelo plantea que el riesgo no debe gestionarse de forma aislada, sino como parte del proceso de definición de la estrategia, toma de decisiones y evaluación del desempeño.
El Coso ERM introduce principios especialmente relevantes para el sector público dominicano: el liderazgo institucional como responsable de definir niveles aceptables de riesgo, el uso de información oportuna para decidir y la alineación entre objetivos, riesgos y resultados. Este enfoque es plenamente compatible con las Nobaci y ofrece una ruta clara para pasar de un control interno defensivo a uno orientado a la creación y protección de valor público.
Toda decisión pública conlleva riesgos. Sin embargo, en la administración pública dominicana persiste una cultura de aversión al riesgo, alimentada por el temor a sanciones administrativas, disciplinarias o penales. Este temor ha generado, en muchos casos, un fenómeno silencioso pero costoso: el riesgo por inacción.
La postergación de decisiones, la excesiva centralización jerárquica y la parálisis de procesos afectan directamente la ejecución de políticas públicas y la calidad de los servicios a la ciudadanía.
Las buenas prácticas internacionales advierten que no decidir también es una forma de riesgo, y con frecuencia más dañina que una decisión técnicamente sustentada y debidamente documentada. En este punto, el control interno debería funcionar como un respaldo técnico institucional, no como un obstáculo.
Gestión del riesgo, planificación y presupuesto
Uno de los principales retos del Estado dominicano es la débil articulación entre gestión del riesgo, planificación institucional y presupuesto público. Con frecuencia, los planes estratégicos y operativos se formulan sin considerar adecuadamente los riesgos internos y externos que pueden afectar su ejecución.
Tanto las Nobaci como el Coso ERM coinciden en que incorporar el análisis de riesgos en la planificación permite diseñar objetivos más realistas, priorizar el uso de los recursos públicos y anticipar las posibles contingencias.
La experiencia de países miembros de la OCDE y de organismos multilaterales demuestra que un Estado que gestiona riesgos en la planificación reduce improvisaciones y mejora la evaluación de su desempeño.
Gobernanza y confianza ciudadana
La forma en que el Estado gestiona el riesgo incide de manera directa en la gobernanza democrática y la confianza de la ciudadanía. Instituciones públicas que anticipan riesgos, deciden con base en evidencia y aplican controles preventivos generan mayor credibilidad, legitimidad y estabilidad institucional.
Por el contrario, la ausencia de una gestión del riesgo efectiva se refleja en escándalos administrativos recurrentes, observaciones reiteradas de los órganos de control y una percepción social de ineficiencia e improvisación.
Reflexión final
República Dominicana dispone de un marco normativo de control interno alineado con buenas prácticas internacionales. El reto pendiente es transformar la cultura de gestión pública, pasando del cumplimiento formal a una gestión del riesgo integrada a la toma de decisiones y orientada a resultados.
Fortalecer la gestión del riesgo no significa frenar la acción del Estado, sino gobernar con mayor previsión, responsabilidad y sentido estratégico. En un entorno de incertidumbre creciente, la capacidad del Estado dominicano para decidir bien y gestionar riesgos de manera inteligente es una condición indispensable para el desarrollo, la transparencia y la confianza institucional.
