La Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas (Asibenas) manifestó su preocupación por la aprobación del proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que la iniciativa fue conocida sin un proceso de consulta que permitiera incorporar observaciones técnicas de los sectores productivos.
La entidad afirmó que mantiene su compromiso con la sostenibilidad, la economía circular y el fortalecimiento de los sistemas de recuperación y valorización de residuos. Sin embargo, sostuvo que las reformas con implicaciones económicas, ambientales y regulatorias deben desarrollarse mediante procesos abiertos, participativos y sustentados en evidencia técnica.
Según Asibenas, este tipo de mecanismos permiten evaluar los efectos de las modificaciones sobre los distintos sectores productivos, garantizar la seguridad jurídica y contribuir al fortalecimiento de la competitividad del país.
La asociación recordó que, durante la discusión de la iniciativa en la Cámara de Diputados, esperaba que se habilitara un espacio para que los actores involucrados presentaran observaciones y aportaran criterios técnicos orientados a fortalecer la propuesta legislativa. No obstante, aseguró que ese proceso de diálogo no se produjo.
Asimismo, expresó preocupación porque la reforma incorpora nuevas obligaciones y cargas para el sector productivo en un contexto en el que, según indicó, el país impulsa políticas dirigidas a fortalecer el crecimiento económico, estimular la inversión y elevar la competitividad.
A juicio de Asibenas, las políticas públicas deben avanzar de manera coherente para evitar generar señales contradictorias a quienes invierten, producen y generan empleos en la República Dominicana.
La organización también consideró que la forma en que fue conocida y aprobada la reforma debilita los principios de buena regulación, limita la participación de los sectores directamente impactados y genera incertidumbre sobre la estabilidad del marco jurídico.
Ante este escenario, hizo un llamado a las autoridades para que, durante la reglamentación e implementación de la ley, se habiliten espacios efectivos de participación que permitan revisar aquellas disposiciones que, a su entender, podrían afectar la competitividad, la seguridad jurídica y el clima de inversión, sin comprometer los objetivos ambientales que persigue la legislación.
