La Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas (Asibenas) lo tiene claro y llama la atención de las autoridades gubernamentales respecto al impacto que tendría la reforma fiscal de ser aprobada como fue presentada. La institución está segura de que los más pobres serían quienes recibirán el peor impacto y más de 60,000 empleos están en riesgo.
Para los consumidores de los quintiles más bajos, primero y segundo, los precios aumentarían entre un 25% y 50%, lo cual afectará no sólo el presupuesto de las familias, sino la posibilidad de acceder a alimentos a precios asequibles para este segmento.
Los datos disponibles establecen que este sector aporta alrededor de RD$15,000 millones en impuestos, de los que un 33% corresponde al impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) por las compras que realizan a suplidores locales.
En consonancia con este sector, el economista Magín Díaz, que se confiesa fanático de la generalización del ITBIS, no respalda la colocación de nuevos impuestos selectivos como el de las bebidas azucaradas cuando no hay un control de los demás y la evasión supera el 40%.
Es de opinión de que eso es poco eficiente. Afirma que el Gobierno debe tener cuidado porque República Dominicana no está frente a una crisis, razón por lo que no es necesario hacer una reforma de choque o con la magnitud de la presentada.
“Tengo duda de la implementación de esta reforma si se aprueba tal como está. Creo que la evasión podría aumentar, pero tampoco veo que se esté simplificando el sistema tributario”, sostiene Díaz.
Desde Asibenas, se plantea que se presenta una propuesta que continúa castigando la formalidad y al consumidor, siendo República Dominicana una economía de consumo.
Para Julio Virgilio Brache, presidente de la Asociación de Industrias (AIRD), el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso dista mucho del que fue consensuado con el sector industrial.
La AIRD, en lo que tiene que ver con el impuesto selectivo al consumo (ISC) propuesto para las bebidas con azúcar añadidas, implica un tratamiento no discriminatorio frente a las importaciones y la Alianza por el Bienestar y la Alimentación Consciente, una colaboración público-privada con el propósito de educar e informar a los ciudadanos dominicanos en la toma de decisiones de forma consciente en los rangos nutricionales y alimenticios, contribuyendo así al bienestar de toda la población.
En términos particulares, podemos afirmar que es una pena que la propuesta haya dejado en evidencia el duro golpe disfrazado de sacrificio que se quiere vender. Todos sabíamos que esto venía, lo que esperábamos es que realmente fuera integral como se vendió desde un principio.
Se han escuchado algunos golpes de cacerolas en estos días y todo parece indicar que a la clase media le tocará la protesta.
Hay que ser franco, pues no sólo se propone aumentar los impuestos a la clase media, que cargaría con más del 80% de la reforma, sino también que hasta los gastos educativos quedarían fuera.
Del ITBIS o “IVA”, como ahora pasaría a llamarse, sólo resta decir que es preocupante que la visión continúe siendo generar medidas que afectan directamente a los hogares dominicanos, que, de por sí, ya destinan un porcentaje alto de sus ingresos a productos de consumo dentro de la canasta básica.
Además, ni hablar del empresariado a quienes se le continúan limitando las capacidades de competencia con otros mercados internacionales con muchas de las medidas propuestas. Al mismo, hace cuatro años el sector privado dominicano actuó con responsabilidad patriótica al hacer lo que había que hacer para recuperar esta economía luego de los efectos de la pandemia. Todo esto, por supuesto, no solo asumiendo el peso de las medidas económicas sino contribuyendo con todas las políticas sociales y de salud.
Hay que mirarse el espejo de otros países de la región, como Colombia, que en cinco años ya están pensando en una tercera reforma fiscal para 2025. República Dominicana necesita una reforma que mire hacia el futuro, que fomente la competitividad y el bienestar de todos, no solo el cumplimiento de metas fiscales a corto plazo.
Vale decir que el gobierno parece desconectado de las realidades que enfrenta la mayoría de los dominicanos. En medio de una inflación que ya está apretando los bolsillos, el mensaje que esta reforma envía es que el Estado no está dispuesto a ajustarse el cinturón en la misma medida que le están pidiendo a las familias y las empresas.
Esperanza con la actitud del presidente Abinader
El presidente Luis Abinader aseguró este miércoles que en el proyecto de reforma fiscal el Gobierno actuará como siempre lo ha hecho, buscando el mayor consenso.
“Que siga el diálogo, el consenso y vamos a buscar una reforma. Señores, yo quisiera no hacerla y ser muy simpático, pero no sería una labor responsable ni patriótica”, expresó a la prensa tras realizar el corte de cinta para dejar inaugurada la segunda fase de las instalaciones de Port Cabo Rojo y el recibimiento del tercer crucero con más de 3,000 cruceristas.
El mandatario expresó que todos están de acuerdo en la necesidad de que haya una reforma y que incluso está en la Estrategia Nacional de Desarrollo. “Nos ha tocado a nosotros hacerla con mucha responsabilidad. Nadie quisiera hacer una reforma, nadie quisiera hacerla, nos toca a nosotros y estamos asumiendo esa responsabilidad”.
En ese mismo orden, afirmó que es una responsabilidad que ha asumido por el país y se mostró confiado de que junto con todos los dominicanos “vamos a salir bien y la economía va a seguir creciendo y vamos a seguir llevando las ayudas sociales y atender también a los que más lo necesitan”.
Recordó que en la propuesta que hizo el equipo económico, siempre se dijo que era para discutirla en el Congreso. “Desde ayer ya se está discutiendo, van a continuar hoy, mañana siguen vistas públicas y si hay que continuar otro día se hará”. Dijo que está impulsando esta reforma a pesar de que muchos de esos ingresos no se verán en este Gobierno, pero, insistió, tiene que respetar el derecho adquirido de muchas de las exenciones e incentivos que funcionaron bien por muchos años.
