El director general de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia Sangiovanni, afirmó que la Ley 30-26 sobre Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional introduce importantes incentivos para promover la inversión, fortalecer la competitividad empresarial y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Durante el conversatorio “Plan Anticrisis: Convirtiendo la Ley 30-26 en decisiones”, organizado por el Centro de Innovación y Capacitación Profesional (Capex) de la Corporación Zona Franca Santiago, el funcionario explicó que la legislación reduce los recargos por mora al 3% y establece un tope equivalente al 100% de la deuda tributaria principal, con el propósito de hacer más manejable la regularización de obligaciones fiscales.
Urrutia Sangiovanni destacó además que la normativa establece un régimen especial de amnistía tributaria, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, dirigido a contribuyentes con deudas que hayan adquirido la condición de cosa irrevocablemente juzgada. La medida permitirá regularizar esos compromisos mediante facilidades de pago.
“Esta legislación surge en un contexto global marcado por la incertidumbre económica internacional y por la necesidad de fortalecer la competitividad, la inversión y la formalización de las actividades productivas”, expresó.
Incentivos para la inversión
Entre las medidas de simplificación tributaria, el director de la DGII explicó que la ley reduce al 10% la tasa aplicable a la ganancia de capital inmobiliaria para personas físicas e incorpora incentivos como la exención para la vivienda habitual, la posibilidad de reinvertir el monto obtenido de una venta dentro de los seis meses siguientes y la exención para la venta de la vivienda de personas mayores de 65 años.
Asimismo, anunció que a partir de 2027 quedará eliminado el impuesto del 1% que grava la constitución de compañías y los aumentos de capital. También informó que el impuesto sobre las hipotecas se reducirá al 1% en 2027 y será eliminado de forma definitiva a partir de 2028.
En el caso de las microempresas, indicó que las personas jurídicas y negocios de único dueño con ingresos de hasta RD$11,985,137.42 estarán exentos del pago de anticipos. Además, la ley amplía las exenciones en materia sucesoral, con montos de hasta RD$1 millón de forma general y de hasta RD$2 millones para herederos en línea directa.
Medidas para la formalización
Como parte de las acciones para incentivar la formalización de la economía, Urrutia Sangiovanni informó que la DGII, en coordinación con la Dirección General de Aduanas (DGA), emitirá una Norma General para regular la percepción del ITBIS a importadores informales.
También adelantó que será establecido un régimen de depreciación acelerada para maquinarias y equipos industriales, mediante una normativa que definirá cuáles bienes podrán acogerse a este beneficio.
“Más que una medida recaudatoria, debemos verla como una oportunidad para fortalecer la salud financiera de nuestras organizaciones. Las empresas que identifican, corrigen y resuelven contingencias fiscales reducen incertidumbres futuras, mejoran sus indicadores de cumplimiento y fortalecen su credibilidad ante accionistas, inversionistas y entidades financieras”, sostuvo.
Sector empresarial valora el diálogo
Durante la actividad, el presidente de la Corporación Zona Franca Santiago, Miguel Lama, señaló que el acercamiento entre las instituciones públicas y el sector empresarial contribuye a una mejor comprensión de los cambios normativos y favorece un clima propicio para el crecimiento económico.
Asimismo, destacó la reciente incorporación de la Corporación Zona Franca Santiago a la red de la World Trade Centers Association, convirtiéndose en la primera zona franca de Centroamérica y el Caribe y la cuarta de América Latina en formar parte de esa organización internacional.
