La pregunta que casi nadie hace sobre su administradora de fondos de pensiones (AFP) no es cuánto rindió, sino en qué está invertido exactamente. La respuesta tiene forma de pirámide: primero una gran división entre deuda directa y vehículos colectivos, luego los emisores, y al final los sectores. Entender esa estructura explica la rentabilidad mejor que cualquier titular.
El estado de cuenta de una AFP muestra un solo número: el saldo, y debajo, un porcentaje de rentabilidad. Resume una cartera con varios niveles, cada uno con comportamiento distinto ante el mismo entorno. Según el Boletín Estadístico Trimestral 90 de la Superintendencia de Pensiones (Sipen), esa cartera ascendía a RD$1 billón 274,341 millones al cierre de 2025. Descomponerla de lo general a lo particular es el ejercicio de este artículo.
El primer nivel: deuda directa versus vehículos colectivos. La cartera se divide en dos ramas. La primera, 76.1% del patrimonio, es renta fija -instrumentos que pagan un interés pactado, como los bonos- que la AFP compra de forma directa: le presta a un emisor -el Estado, el Banco Central, un banco, una empresa- a cambio de un cupón, el pago de interés que promete ese bono.
La segunda, 23.86%, son vehículos de inversión colectiva: cuotas -la porción que le corresponde a cada inversionista- de un fideicomiso o fondo que agrupa el capital de muchos (la diferencia hasta el 100% es redondeo de Sipen).
“El estado de cuenta muestra un solo número, pero ese número es el resultado final de una cartera con una arquitectura de varios niveles”.
Dentro de la renta fija directa, el mayor emisor es el Ministerio de Hacienda: 57.02% de la cartera es deuda soberana, es decir, bonos del gobierno. Le sigue el Banco Central (7.87%), la banca múltiple -Reservas, BHD, Vimenca y otros- (7.29%), las asociaciones de ahorro y préstamo (1.66%) y las empresas privadas -bonos de eléctricas, mineras, aceros y casas de valores- (2.23%). Casi 8 de cada 10 pesos del sistema están prestados, directa o indirectamente, al Estado y al sistema financiero regulado.
Dentro de los vehículos colectivos, la subdivisión es entre fideicomisos de oferta pública -autorizados para vender a cualquier inversionista, no solo a unos pocos- (5.58%) y fondos de inversión (18.28%).
Los fideicomisos administran un activo o flujo específico; el mayor es RDVial -peajes de la red vial concesionada- con 4.74% de la cartera. Los fondos de inversión se dividen en abiertos y cerrados: de ese 18.28%, prácticamente todo -18.27 puntos- está en fondos cerrados. El único abierto, Altio Liquidez I, pesa 0.01%.
La razón, a mi juicio, es de costos: un fondo abierto invierte en lo mismo que la AFP ya compra directamente, así que la comisión adicional no aporta capacidad. El capital colectivo se justifica donde hay un activo ilíquido que la AFP no podría originar solo. Cabe también una explicación de oferta: ese mercado todavía está poco desarrollado en el país.
“De ese 18.28% en fondos de inversión, prácticamente la totalidad está en fondos cerrados. El único fondo de inversión abierto pesa apenas 0.01% de la cartera total”.
Esa distinción entre abierto y cerrado no es un tecnicismo. Un fondo abierto permite entrar y salir con relativa liquidez, y su cuota se valora con frecuencia. Un fondo cerrado inmoviliza el capital por un plazo definido -convención de mercado de siete a 15 años- mientras financia proyectos de maduración lenta. Se valora por tasaciones periódicas, no a precio diario, y en su primer año -su “vintage”- suele mostrar rendimientos bajos o negativos: el “efecto curva J”, porque los costos de estructuración pesan más que los ingresos que el proyecto aún no genera.
El tercer nivel, dentro de los fondos cerrados, muestra hacia dónde va ese capital: 8.0 puntos en fondos de desarrollo de sociedades -cercano al capital privado, es decir, invierten directo en empresas que no cotizan en bolsa-; 4.3 en energía (familia de fondos Altio); 3.4 en infraestructura y vial; 2.3 en inmobiliario, y fracciones menores en vivienda y turismo.
Esta arquitectura explica la rentabilidad del sistema mejor que un solo promedio. El 76% en renta fija directa se mueve al ritmo del ciclo de tasas del Banco Central. Aquí conviene precisar: una baja de tasas revalúa al alza los bonos ya emitidos, no a la baja -efecto ya capturado, en gran medida, en 2023 y 2024-. Lo que sigue presionando el rendimiento hacia abajo es otro mecanismo: a medida que el papel de mayor cupón vence, se reinvierte a las tasas más bajas vigentes desde el recorte que llevó la Tasa de Política Monetaria (TPM) -la tasa de referencia que fija el Banco Central- de 5.50% a 5.25% en noviembre de 2025, nivel en el que se mantuvo en diciembre (Sipen, Boletín 90; BCRD).
Es riesgo de reinversión, no pérdida de valor. El otro 23.86%, fideicomisos y fondos cerrados, sigue una lógica independiente de esa tasa: depende del calendario de maduración de cada proyecto y, en fondos jóvenes, del efecto curva J.
Un dato con cifra exacta: durante 2025, la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión (CCRyLI) aprobó 14 nuevas emisiones de oferta pública para los fondos de pensiones por RD$158,884.7 millones, ampliando la diversificación hacia las regiones norte y suroeste -entre ellas, fondos para infraestructura vial y turística como el de Cabo Rojo en la provincia Pedernales- (Sipen, Boletín 90). Una porción de ese capital es, por tanto, reciente y aún en fase temprana de despliegue, lo que estimo arrastra a la baja el rendimiento del segmento, sin relación con la TPM.
Para el afiliado, preguntarle a su AFP “cuánto rindió este trimestre” es una pregunta incompleta. La pregunta completa es en qué nivel de la pirámide ocurrió el movimiento -renta fija, fideicomisos o fondos cerrados-, porque cada uno responde a un motor distinto y, a mi juicio, a un horizonte distinto para juzgarlo.
La foto trimestral penaliza a los fondos de inversión jóvenes; la película de varios años valida -o no- la diversificación construida desde la Ley 189-11, la norma de 2011 que habilitó fideicomisos y fondos cerrados como alternativa a la deuda soberana.
