Algo grande va a pasar, es el título de uno de los cuentos de Gabriel García Marquez. Y sin que nadie dijera en realidad que iba a pasar, pasó lo imprevisto. En el cuento no hubo silencio como el título de este artículo, todo lo contrario, el rumor no callo, se esparció hasta que todos asumieron el hecho inconsistente de que de verdad Algo grande va a pasar, y así fue.
Existe una frase, atribuida en distintas versiones a diversos pensadores, que resume una gran verdad de la vida pública: las sociedades no solo se deterioran por las acciones de quienes abusan del poder, sino también por la indiferencia de quienes tienen la capacidad de impedirlo. ¿Tenemos algún parecido con el cuento? A lo inverso.
La historia demuestra que la corrupción, la impunidad y el debilitamiento institucional rara vez aparecen de manera repentina, suelen avanzar gradualmente, aprovechando el silencio de las instituciones, la apatía ciudadana y la falta de liderazgo de quienes están llamados a defender el interés colectivo. Y el mal se va esparciendo, sin que nadie lo detenga, como en el cuento.
El Gobierno es responsable de administrar el Estado con eficiencia, transparencia y respeto a la ley. Sin embargo, carecemos de eso. La salud democrática de un país depende igualmente de que existan contrapesos efectivos. La oposición política no está llamada únicamente a competir por el poder cada cuatro años. Su función permanente es fiscalizar, denunciar irregularidades con fundamento, proponer soluciones y representar a quienes piensan diferente. Cuando esa labor se debilita o se limita al discurso coyuntural, el sistema pierde uno de sus principales mecanismos de autocorrección y la concentración del poder encuentra menos resistencia institucional, dejándole el papel a los influencers y provocadores sin formación política para enderezar el rumbo.
Ese mismo deber alcanza al liderazgo empresarial. Los empresarios no solo crean riqueza y generan empleos, también son actores fundamentales en la construcción de instituciones sólidas. La experiencia internacional demuestra que las economías más competitivas son aquellas donde el sector privado promueve la transparencia, exige seguridad jurídica, defiende la estabilidad regulatoria y participa activamente en el fortalecimiento del Estado de derecho.
Cuando los líderes empresariales guardan silencio frente a problemas estructurales que afectan la institucionalidad, la eficiencia del gasto público, la corrupción o la calidad regulatoria, ese silencio puede tener un costo económico considerable, como está aconteciendo. La incertidumbre aumenta la percepción de riesgo del país, desalienta inversiones, encarece el financiamiento y reduce la competitividad. En consecuencia, las empresas terminan operando en un entorno más costoso y menos predecible, afectando tanto a los inversionistas como a los trabajadores y consumidores.
Este fenómeno resulta especialmente visible en el mercado asegurador. El seguro es, en esencia, un mecanismo para administrar riesgos. Cuanto mayor es la incertidumbre institucional, la inseguridad jurídica, la debilidad en la supervisión o la falta de cumplimiento de las normas, mayor es el riesgo que deben asumir las aseguradoras y los reaseguradores internacionales. Ese riesgo termina reflejándose en primas más elevadas, mayores exigencias de cobertura y condiciones más estrictas para proteger inversiones, infraestructuras y actividades productivas.
En otras palabras, la fragilidad institucional tiene un costo económico que finalmente paga toda la sociedad, aunque ahora con la abundancia de oferta, no se esté reflejando, pero está deteriorando la calidad.
Las pequeñas y medianas empresas son quizás las más afectadas por este escenario. Carecen de la capacidad financiera para absorber incrementos en los costos del crédito, del seguro, de la energía o de los procesos regulatorios. Cada ineficiencia institucional representa un obstáculo adicional para emprender, innovar y generar empleos de calidad. En consecuencia, fortalecer las instituciones no constituye únicamente un imperativo ético, representa una política de desarrollo económico y de protección de la clase media.
República Dominicana ha logrado avances significativos en crecimiento económico, turismo, inversión extranjera y estabilidad monetaria.
Estos resultados merecen ser reconocidos. Sin embargo, el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza el fortalecimiento institucional. Por ello, la responsabilidad de preservar la democracia y la institucionalidad no corresponde únicamente al gobierno. También exige una oposición responsable, firme y valiente, que fiscalice con objetividad y presente alternativas viables; un sector empresarial que defienda principios institucionales con la misma firmeza con que protege la libertad económica, medios de comunicación independientes que investiguen con rigor sin complacencia por el financiamiento gubernamental, universidades que promuevan el pensamiento crítico; organizaciones sociales comprometidas con el interés público y ciudadanos conscientes de que la participación cívica no termina el día de las elecciones.
República Dominicana posee el talento humano, el dinamismo empresarial y la capacidad institucional para consolidarse como una de las economías más fuertes de América Latina. Pero ese objetivo exige que todos los actores asuman plenamente su responsabilidad histórica. El silencio nunca ha sido una estrategia de desarrollo. La indiferencia jamás ha fortalecido una democracia.
Cuando la oposición deja de fiscalizar, cuando el liderazgo empresarial renuncia a defender las instituciones y cuando los ciudadanos se resignan a observar desde la distancia, el deterioro avanza casi sin resistencia. En cambio, cuando cada sector cumple su papel con independencia, ética y compromiso, se fortalece la confianza, disminuye el riesgo, mejora el clima de inversión y se construyen las bases de un desarrollo verdaderamente sostenible. En una democracia madura, la estabilidad no se sostiene sobre el silencio, sino sobre la participación responsable de todos.
