Los resultados de la reciente Consulta Nacional para la Educación han abierto una discusión que trasciende el ámbito educativo. La propuesta de fortalecer la articulación entre el Ministerio de Educación (Minerd), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) constituye una oportunidad para replantear la manera en que el país ha venido desarrollando el talento de su gente.
Durante décadas hemos concebido el sistema educativo como un conjunto de instituciones que operaban en paralelo. Cada una cumpliendo un rol importante, pero con frecuencia respondiendo a lógicas, prioridades y mecanismos de planificación propios.
El resultado ha sido una fragmentación que dificultaba la continuidad de las trayectorias formativas, limitaba la capacidad de respuesta frente a las transformaciones del mercado laboral y reducía el impacto de la inversión en educación.
El mundo del trabajo está experimentando una transformación sin precedentes. La inteligencia artificial, la automatización, la transición energética, la digitalización y la reorganización de las cadenas globales de valor están modificando las competencias que demandan las empresas y la sociedad. En este contexto, las fronteras tradicionales entre educación general, educación superior y formación técnico-profesional pierden cada vez más sentido.
Por ello, la articulación entre el Minerd, el MESCyT y el Infotep debe entenderse como el inicio de una nueva gobernanza del aprendizaje.
En ese sentido, la consulta plantea una oportunidad para avanzar hacia un modelo basado en trayectorias educativas flexibles, reconocimiento de competencias, movilidad entre subsistemas, aprendizaje permanente y una planificación basada en evidencia sobre las necesidades presentes y futuras del aparato productivo.
No obstante, conviene evitar una ilusión frecuente en las reformas institucionales: creer que la coordinación se logra mediante decretos, comisiones o nuevos organigramas. La verdadera articulación requiere construir confianza entre las instituciones, compartir información estratégica, desarrollar sistemas interoperables, armonizar marcos de cualificaciones y establecer objetivos comunes que trasciendan los ciclos administrativos. También exige una participación mucho más activa del sector empresarial. Ningún sistema educativo puede anticipar por sí solo las competencias que demandará la economía del futuro.
Las empresas, los centros de investigación, las universidades y las organizaciones productivas deben convertirse en actores permanentes del diseño y actualización de la oferta formativa. La formación del talento ya no puede ser una responsabilidad exclusiva del Estado; debe ser una tarea compartida por toda la sociedad.
Sin embargo, quizás el mayor aporte de esta Consulta Nacional sea la oportunidad de cambiar la pregunta que ha orientado las políticas educativas durante décadas. En lugar de preguntarnos cómo mejorar cada uno de los subsistemas educativos por separado, deberíamos preguntarnos cómo construir un Sistema Nacional de Desarrollo del Talento. Si logramos avanzar hacia esa visión, se habrá impulsado algo más que una reforma educativa, sino un paso decisivo hacia la construcción de una política de Estado centrada en el talento como principal activo estratégico de la nación.
