La promulgación de la Ley 36-26, que modifica el régimen de gestión integral de residuos sólidos en la República Dominicana, ha abierto un importante debate nacional sobre la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad empresarial y el financiamiento de los sistemas de gestión de residuos.
Sin embargo, más allá de las disposiciones legales y económicas contenidas en la normativa, existe un componente indispensable para alcanzar los resultados esperados: la educación. La experiencia mundial demuestra que ninguna política pública en materia ambiental puede ser verdaderamente exitosa si no está sustentada en un proceso continuo de formación ciudadana y cambio cultural.
En este contexto, las instituciones educativas preuniversitarias y las universidades están llamadas a desempeñar un papel protagónico en la construcción de una sociedad más consciente sobre el impacto de los residuos, especialmente de los plásticos de un solo uso, cuya presencia en calles, ríos, cañadas y zonas costeras constituye uno de los principales desafíos ambientales del país.
La educación ambiental debe concebirse como una inversión estratégica para el desarrollo sostenible. Los hábitos ciudadanos relacionados con el consumo responsable, la separación de residuos, el reciclaje y la protección de los recursos naturales se forman desde edades tempranas. Por ello, las escuelas y liceos representan el escenario ideal para promover una nueva cultura ambiental basada en la responsabilidad individual y colectiva.
Actualmente, los centros educativos cuentan con herramientas para incorporar el componente ambiental en sus procesos pedagógicos y de gestión institucional. Dentro de los planes operativos anuales pueden desarrollarse iniciativas como programas de reciclaje, campañas de reducción del uso de plásticos, instalación de puntos de clasificación de residuos, creación de huertos escolares, jornadas de limpieza comunitaria y proyectos científicos relacionados con la economía circular y la sostenibilidad.
Estas acciones no solo contribuyen a mejorar el entorno escolar, sino que también permiten que los estudiantes se conviertan en multiplicadores de buenas prácticas dentro de sus hogares y comunidades.
Universidades
La responsabilidad de las universidades va mucho más allá de la formación profesional. Estas instituciones constituyen espacios privilegiados para la investigación, la innovación tecnológica y la generación de soluciones a los problemas ambientales contemporáneos.
República Dominicana dispone de una oferta académica significativa vinculada a las ciencias ambientales, la biología, la ingeniería ambiental y la gestión de los recursos naturales. Universidades como la Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco), Autónoma de Santo Domingo (UASD), Pontificia Católica Madre y Maestra (PUCMM), el Intec, Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), y Central del Este (UCE) y otras instituciones de educación superior desarrollan programas académicos orientados al estudio de la biodiversidad, la conservación ambiental, la sostenibilidad y la gestión de recursos naturales.
De igual forma, el Instituto Técnico de Estudios Superiores en Medio Ambiente y Recursos Naturales (Itesmarena) constituye un referente nacional en la formación de profesionales especializados en gestión ambiental y ciencias forestales, contribuyendo directamente al fortalecimiento de las capacidades técnicas que demanda el país para enfrentar los retos ambientales del siglo XXI.
Las universidades pueden aportar significativamente al cumplimiento de los objetivos de la Ley 36-26 mediante investigaciones sobre contaminación por plásticos, estudios sobre microplásticos en ecosistemas acuáticos, desarrollo de materiales biodegradables, modelos de economía circular, valorización de residuos y proyectos de educación ambiental comunitaria.
Asimismo, pueden convertirse en ejemplos de sostenibilidad institucional mediante la implementación de campus verdes, programas integrales de reciclaje y la eliminación progresiva de plásticos desechables en sus instalaciones.
Experiencias externas
Los países que han alcanzado mayores avances en la gestión de residuos comparten un elemento común: han invertido sistemáticamente en educación ambiental.
En Alemania, la separación de residuos forma parte de la cultura ciudadana desde la infancia. Los estudiantes aprenden desde la educación básica la importancia del reciclaje y la correcta clasificación de materiales, contribuyendo a que el país mantenga elevados niveles de recuperación y aprovechamiento de residuos.
En Japón, la participación de los estudiantes en la limpieza y mantenimiento de los centros educativos fortalece valores de responsabilidad, disciplina y respeto por los espacios comunes. Esta práctica ha contribuido con la consolidación de una ciudadanía comprometida con la limpieza y el adecuado manejo de los residuos.
Por su parte, Costa Rica ha integrado la sostenibilidad y la educación ambiental en sus políticas educativas nacionales, vinculando los centros escolares con programas de reciclaje, conservación de la biodiversidad y gestión responsable de los recursos naturales.
Asimismo, diversas universidades en Chile han desarrollado modelos de campus sostenibles que incluyen programas de reciclaje integral, reducción de plásticos de un solo uso y proyectos de investigación aplicada orientados a la economía circular y sostenibilidad ambiental.
Estas experiencias evidencian que las transformaciones más profundas no ocurren únicamente mediante regulaciones, sino mediante procesos educativos capaces de modificar hábitos y comportamientos a largo plazo.
Futuras generaciones
La implementación efectiva de la Ley 36-26 requiere una alianza estratégica entre el Estado, el sistema educativo, las universidades, el sector empresarial, los gobiernos locales y la sociedad civil. No basta con establecer mecanismos de financiamiento para la gestión de residuos; es indispensable formar ciudadanos capaces de comprender la relación existente entre sus decisiones de consumo y la salud ambiental del país.
Las escuelas tienen la capacidad de sembrar conciencia ambiental; las universidades pueden generar el conocimiento y la innovación necesarios para resolver los desafíos ecológicos del presente; y la sociedad puede convertir esos aprendizajes en acciones concretas que contribuyan a reducir la contaminación y proteger los recursos naturales.
La verdadera transformación que demanda República Dominicana no se producirá únicamente en los vertederos, las plantas de reciclaje o los ayuntamientos. Comenzará en las aulas, donde se forman los ciudadanos que dirigirán el país en las próximas décadas. El desafío de reducir los plásticos, fortalecer la economía circular y construir una sociedad ambientalmente responsable exige convertir cada centro educativo y cada universidad en espacios permanentes de aprendizaje, investigación y compromiso ecológico.
Solo así podremos transformar la Ley de Residuos Sólidos en una auténtica herramienta de desarrollo sostenible y avanzar hacia la construcción de una verdadera cultura verde nacional, capaz de garantizar un país más limpio, saludable y sostenible para las presentes y futuras generaciones.
