La Asociación de Constructores de Santo Domingo Este (Acosde), advierte sobre los efectos negativos que tendría la modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Riubell Montes de Oca, presidente del gremio que agrupa a los constructores de Costa Del Faro, explicó que esta aprobación que fue realizada con carácter de urgencia y sin un amplio debate técnico, impactará de forma directa en los costos de un sector que ya es altamente gravado.
“Nos preocupa la inclusión de los patrimonios autónomos (fideicomisos) dentro de las nuevas obligaciones establecidas por la legislación, lo que podría generar escenarios de doble tributación sobre estructuras jurídicas y operaciones que ya cumplen con esas cargas fiscales.
Advirtieron que esta situación incrementaría los costos de desarrollo de los proyectos habitacionales, impacto que terminaría reflejándose en el precio final de las viviendas para los adquirientes. Y por ende afectaría aún más el déficit habitacional en el país.
Asimismo, señalaron que esta disposición resulta incompatible con el régimen especial contemplado en la Ley 189-11, creada para fomentar el acceso a la vivienda y fortalecer el mercado hipotecario nacional.
En ese sentido, Acosde y otras organizaciones del sector unido de la construcción hacen un llamado unísono a la Cámara de Diputados para que propicie un espacio de diálogo con los actores involucrados, reevalúe el alcance de la iniciativa y garantice una legislación equilibrada, sustentada en criterios técnicos, que promueva la sostenibilidad ambiental sin comprometer la seguridad jurídica, la inversión ni el acceso de las familias dominicanas a una vivienda.
