Para demostrarle al Estado algo que el propio Estado ya sabe, ciudadanos y empresas todavía deben buscar certificaciones, trasladarlas entre instituciones y asumir el costo de esa descoordinación. El trámite termina, pero las horas de trabajo, los desplazamientos y las oportunidades perdidas no se recuperan.
La burocracia también tiene una dimensión macroeconómica. La Ogtic ha estimado que los 157 trámites priorizados por el programa Burocracia Cero, correspondientes a 46 instituciones, representaban un costo cercano al 3% del producto interno bruto. Más allá de la metodología utilizada, la cifra advierte sobre la escala de una carga que suele tratarse como simple incomodidad administrativa.
El Decreto 403-2026, que establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos, abreu una oportunidad para corregir esa fragmentación. Su valor no estará en conectar más plataformas, sino en permitir que las instituciones intercambien información de forma segura, estandarizada y trazable, sin exigir al ciudadano datos que ya están bajo custodia pública.
La región ofrece referencias más cercanas. Costa Rica, miembro de la OCDE desde 2021, lanzó el proyecto Conecta para crear las bases técnicas y legales que permitan el flujo seguro de datos entre instituciones. Su formulación parte de una idea sencilla: el ciudadano no debe seguir funcionando como mensajero del Estado.
Uruguay muestra una etapa más avanzada. Su Plataforma Nacional de Interoperabilidad facilita el intercambio de información entre organismos y su política digital incorporó el principio de “datos solo una vez”. El valor del modelo uruguayo no reside únicamente en la tecnología, sino en haber convertido la coordinación digital en una capacidad permanente del Estado.
La lección para República Dominicana no es copiar plataformas. Interoperar exige registros confiables, responsabilidades bien definidas, controles de acceso, trazabilidad de cada consulta y mecanismos eficaces para corregir errores. Una información equivocada que circula entre instituciones puede acelerar el trámite, pero también ampliar el alcance del daño.
La ejecución debería comenzar por procesos de alto volumen vinculados con identidad, seguridad social, impuestos, registros empresariales, permisos y programas sociales. Cada trámite requiere una revisión previa: eliminar requisitos innecesarios, identificar qué entidad origina cada dato y establecer quién responde por su calidad.
El decreto no debería evaluarse por el número de organismos conectados ni por la cantidad de servicios colocados en línea. Las métricas relevantes son más concretas: documentos que dejan de pedirse, visitas evitadas, días de espera reducidos y trámites concluidos sin gestores.
Un Estado moderno no obliga a la ciudadanía a compensar su falta de coordinación. Utiliza con rigor la información que ya posee, protege su uso y devuelve tiempo productivo a la economía.
