[dropcap]E[/dropcap]l Estado necesita ingresos suficientes para cumplir con los compromisos que asume frente a sus ciudadanos. Los contribuyentes, como parte de sus obligaciones, deben pagar los impuestos y, dentro de los deberes, reclamar calidad del gasto. Es un principio que, de cumplirse, sería un ejercicio saludable para todos los entes que interactúan.
El problema es cómo conjugar esta relación inevitable del Estado cobrador y el contribuyente pagador. El dilema está en saber cuándo y cuánto cobrar, pero sobre todo a qué. Y podría agregarse otra pregunta: ¿Por qué? En este contexto es que llegan los impuestos, mecanismos esenciales para la sostenibilidad financiera del Gobierno en su rol de administrador de los recursos públicos.
Los impuestos, como su nombre lo indica, son obligatorios; no son una opción de la que los ciudadanos puedan huir, independientemente de los mecanismos de evasión (y elusión) que se utilicen. Entre todos los gravámenes hay uno que ha sido objeto de cuestionamientos. Se trata del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que grava las transferencias de algunos bienes de producción nacional a nivel de fabricación, tales como alcohol y tabaco, así como su importación; servicios de telecomunicaciones y de seguros.
Este tributo, por su naturaleza y definición, no debería recaer en servicios que jamás pudieran considerarse de lujo. ¿Quién pudiera considerar que los servicios de telecomunicaciones son un lujo? ¿Cómo podría pensarse, siquiera, que asegurar una vivienda y la vida es una acción innecesaria o no prioritaria?
Está más que demostrado que los avances en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación ayudan al desarrollo de los pueblos. Gravar con un 10% de ISC las llamadas telefónicas, conexión a internet y la televisión no es más que trabar el desarrollo económico del país.
El ISC está bien que se cobre a artículos como alcoholes (rones, cervezas, vinos, whiskies y demás) o en productos derivados del tabaco, tales como cigarros y cigarrillos, pero jamás en rubros esenciales para la existencia del ser humano y necesarios para el desarrollo equitativo.
Ahora que el país se ha trazado la meta de lograr una república digital, como lo plantea el Gobierno, hay una excelente oportunidad para reformular leyes que afectan o trabajan el desarrollo y acceso a servicios tan básicos como las telecomunicaciones. Aunque haya que poner algunos límites a las ganancias de las aseguradoras, aplicarle un selectivo a los productos que comercializan impide que más personas puedan asegurar sus bienes.
En la medida en que el Estado incentiva el desarrollo de los sectores seguros y telecomunicaciones, por ejemplo, habría que incurrir en menos gastos en caso de desastres naturales. Si los dominicanos tuvieran la costumbre de asegurar su casa, aunque sea a través de una póliza mínima, no hubiera que ir en auxilio ante cualquier inundación que afecte las viviendas, pues para eso estaría el seguro.
El Estado, con voluntad política y utilizando las capacidades tecnológicas que posee, puede incrementar los ingresos. No tiene que acudir a una reforma parche, como ha sido la costumbre, para mejorar las recaudaciones. Eliminar el ISC a las telecomunicaciones y a los seguros sería una de las decisiones más inteligentes.
Hay muchas formas de mejorar los ingresos y no sólo por vía de penalizar el consumo. Frenar la evasión, por ejemplo, es una fórmula que funciona.
