Resulta obvio que el agua es indispensable para la salud, la agricultura, la industria, el turismo y la seguridad alimentaria. Sin embargo, República Dominicana enfrenta una pregunta fundamental: ¿quién coordina su producción, protección, distribución y uso eficiente? El desafío no es solamente disponer de agua, sino gobernarla con instituciones capaces de actuar bajo una misma estrategia y visión de futuro.
La Ley 5852 sobre dominio de aguas terrestres y distribución de aguas públicas data de 1962. Su antigüedad no significa la regulación sea inexistente, pero sí evidencia la necesidad de actualizar las reglas sobre derechos de uso, control, fiscalización y coordinación.
En el tema del agua el problema institucional es tan importante como el legal. El Indrhi interviene en los recursos hidráulicos y el riego; INAPA y las corporaciones de acueductos gestionan servicios de agua potable y saneamiento; Medio Ambiente protege los ecosistemas; Agricultura incide en la demanda.
Son funciones necesarias, pero su articulación interinstitucional resulta compleja cuando las competencias se superponen, la información no se comparte suficientemente y las decisiones se toman por institución, no por cuenca ni por objetivos colectivos.
Frente a esto, el Pacto Dominicano por el Agua 2021-2036 y el Plan Hidrológico Nacional 2025-2045 ofrecen una base para ordenar prioridades. Este último propone planificación por cuencas, protección de fuentes, eficiencia del riego y adaptación climática. Además, el programa de modernización del sector, respaldado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) con US$250 millones, busca fortalecer servicios e instituciones. El reto será convertir planes y financiamiento en resultados verificables.
La dimensión económica exige atención. Las redes deterioradas, las pérdidas de agua, el tratamiento insuficiente de aguas residuales y la recuperación limitada de costos restringen la capacidad de invertir y mantener infraestructura.
La OCDE advirtió, en su estudio multidimensional de 2023, que apenas el 22% de la población dominicana contaba con cobertura de alcantarillado, según los datos entonces disponibles. Así también, la experiencia internacional aporta lecciones. España dispone de confederaciones hidrográficas con atribuciones de planificación y gestión por cuencas.
Perú cuenta con un marco legal consolidado, aunque todavía necesita mejorar la coordinación entre niveles de gobierno. La enseñanza es clara: crear una autoridad o aprobar una ley no basta sin competencias delimitadas, datos confiables, presupuesto, participación y mecanismos de rendición de cuentas.
¿Qué ocurriría si postergamos estas decisiones? Las sequías y lluvias extremas podrían traducirse en interrupciones más costosas; la competencia entre consumo humano, producción agropecuaria y actividad económica se intensificaría; y la contaminación elevaría los costos sanitarios y ambientales.
La prioridad nacional debería ser aprobar una legislación moderna, definir una autoridad de coordinación efectiva, fortalecer la gestión por cuencas y publicar indicadores comparables sobre disponibilidad, calidad, pérdidas, inversión y servicio. Gobernar el agua significa anticipar conflictos, asignar responsabilidades y asegurar que cada peso invertido produzca beneficios sostenibles. El costo de actuar es significativo; el de seguir fragmentados puede ser mayor.
