La economía dominicana enfrenta persistentes retos fiscales caracterizados por un déficit fiscal y un nivel de endeudamiento público que generan constante debate macroeconómico.
Aunque el país ha mantenido un sólido crecimiento del producto interno bruto (PIB), el déficit del sector público y el endeudamiento, que se sitúa tradicionalmente en torno al 50% o más del PIB, con un déficit fiscal anual que suele fluctuar entre el 2.5% y el 3% del PIB, ponen presión sobre las cuentas nacionales y limitan el espacio para la inversión pública de capital.
Ante este escenario, la necesidad de una reforma o pacto fiscal integral ha sido planteada de manera reiterada por organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial, calificadoras de riesgo y economistas locales. El debate gira en torno a la urgencia de ampliar la base tributaria, reducir la evasión y modernizar un sistema impositivo que recae desproporcionadamente sobre un sector formal reducido, buscando garantizar la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo.
Un eje central de la discusión sobre la reforma fiscal es la revisión profunda de las exenciones y los incentivos fiscales concedidos a diversos sectores productivos (como turismo, zonas francas, energías renovables, cine y manufactura).
El sector eléctrico continúa siendo uno de los mayores drenajes de recursos fiscales debido a las altas pérdidas técnicas y comerciales en las empresas distribuidoras, el costo de los combustibles y los subsidios destinados a mantener la estabilidad tarifaria. Estos subsidios absorben cuantiosos recursos del Presupuesto, representando una proporción considerable del déficit fiscal y convirtiéndose en un blanco prioritario para cualquier reestructuración del gasto público.
Por otro lado, el gasto social y educativo concentra montos elevados orientados a apoyar a las familias dominicanas, incluyendo el programa de alimentación escolar (desayuno y almuerzo), el sistema de transporte estudiantil, y la provisión masiva de útiles, uniformes, libros y zapatos escolares. Aunque estos programas buscan reducir la desigualdad y apoyar la permanencia escolar, es de norden exigir una mayor eficiencia en su ejecución y fiscalización para garantizar que el gasto social genere un impacto real en la calidad de vida de la gente y la educación.
Desde siempre, empresariados, asociaciones comerciales y gremios civiles han manifestado profunda preocupación ante la posibilidad de una reforma fiscal que recaiga principalmente sobre los contribuyentes formales y la clase media. Estos sectores argumentan que antes de hablar de nuevos impuestos o mayores cargas tributarias, el Estado debe priorizar la mejora en la calidad del gasto público, la reducción de la burocracia y el combate frontal a la informalidad y la evasión fiscal.
La discusión fiscal en República Dominicana se encuentra en una encrucijada compleja donde convergen la sostenibilidad de la deuda, la necesidad de sanear las cuentas públicas y la exigencia ciudadana y empresarial de lograr un pacto fiscal que funcione.




