La sexta versión del Foro Económico elDinero celebrada el martes pasado, dejó una conclusión que debería incomodar tanto al Estado como al contribuyente: el debate fiscal dominicano no puede reducirse a cuánto recaudar, sino a qué Estado se financia, cómo gasta y qué condiciones ofrece para producir, invertir y formalizarse.
Más aún, el debate alcanzó a tocar el rol que ha jugado el empresariado en términos de la construcción de capacidades y riquezas en una nación que crece por encima de sus pares latinoamericanos, y también los resultados históricos de una alianza tacita entre gobernantes y gobernados, lo que ha permitido crear una institucionalidad subestimada por los propios actores que la construyeron.
En la misma línea de lo anterior, se deben resaltar enfoques interesantes sobre lo que se llamó en este Foro como la nueva fiscalidad. Por ejemplo, Pedro Urrutia, de DGII, colocó una pieza esencial sobre la mesa: una administración tributaria moderna no se mide sólo por sus ingresos, sino también por su capacidad para facilitar el cumplimiento.
Hacer más sencillo pagar, reducir fricciones burocráticas, digitalizar servicios y ofrecer reglas previsibles no es una concesión al contribuyente; es eficiencia pública. La lógica de facilitar el cumplimiento y dificultar el incumplimiento exige, sin embargo, proporcionalidad, debido proceso y criterios consistentes. Fiscalizar sin arbitrariedad y orientar sin crear privilegios son dos caras de la legitimidad tributaria.
De su lado, Eduardo Sanz Lovatón, de Industria, Comercio y Mipymes, añadió una dimensión frecuentemente relegada: la fiscalidad debe dialogar con la estrategia productiva de largo plazo. Su referencia a la transformación de las exportaciones de zonas francas -ahora con mayor peso de dispositivos médicos, manufactura avanzada y electrónica- y a las oportunidades en semiconductores recuerda que la competitividad no se decreta.
Se construye con capital humano, infraestructura, energía confiable, logística, reglas estables y coordinación público-privada. La política tributaria debe ser consistente con esa agenda, evitando incentivos indiscriminados y evaluando sus resultados en inversión, empleo, productividad y encadenamientos locales.
Pero el colofón lo puso el brillante economista Andy Dauhajre, quien abordo lo relacionado con la gestión del gasto público, presentando datos que incomodo a más de uno de los funcionarios presente. Su advertencia de que una reforma impositiva debe ser sencilla y precedida por una reducción significativa del gasto cuestiona la secuencia habitual: pedir más recursos antes de demostrar disciplina y eficiencia. La confianza fiscal no nace de un discurso; se gana mostrando qué se elimina, qué se prioriza y qué resultados obtiene la sociedad por cada peso aportado.
También planteó que una reforma fiscal requiere comunicación y licencia social. No basta con diseñar técnicamente una propuesta: hay que explicar sus costos, beneficios, distribución de cargas y alternativas. Así, un pacto fiscal sin credibilidad en el gasto corre el riesgo de convertirse en una negociación de tasas; una reforma sin evaluación distributiva puede agravar desigualdades; y una consolidación fiscal mal ejecutada puede sacrificar inversión para la productividad.
Al final, quedo en el ambiente el hecho de que la pregunta ya no es solo cuánto necesita el Gobierno, sino qué debe cambiar el Gobierno para merecer y utilizar mejor los recursos que se ponen a su disposición.




