[dropcap]L[/dropcap]a apertura de un nuevo año escolar abre siempre un conjunto de dudas, preguntas y esperanzas sobre el desempeño del sector educativo dominicano, las cuales están sustentadas en años de desatención y menosprecio de la educación como fuente de progreso y desarrollo económico y social.
Las dudas se ubican alrededor de si, al final de cuentas, se podrá alcanzar la calidad deseada del sistema educativo, pero también en torno a si se mantendrá el nivel de inversión de un 4.0% como porcentaje del PIB, entendiendo que escasean los recursos para responder a las demandas.
De otro lado, surgen preguntas que parecen reflejar la precariedad histórica en la que se desenvolvió el sector educativo, previo al 2013. Por ejemplo, interrogantes como: ¿mejoraremos algún día los indicadores de desempeño de la educación que posibiliten una mejor posición en los rankings internacionales? ¿Podrán los maestros dominicanos superar sus deficiencias, sobre todo en la enseñanza de las matemáticas? ¿Sirve la tanda extendida más para resolver un problema de alimentación y extensión de permanencia de los hijos en las escuelas, que el problema de la enseñanza? Continuará la ADP siendo una retranca para el avance del sistema educativo dominicano? ¿Se impone el facilismo en las escuelas públicas dominicanas? ¿Qué y cuánto están aprendiendo los alumnos dominicanos?, son las que rondan en las cabezas de los que se preocupan realmente por la educación en el país.
Es obvio, sin embargo, que existen muchas más preguntas, la mayoría de las cuales carecen de respuestas en estos momentos, y otras que nunca podrán ser respondidas. Pero lo cierto es que todos estamos esperanzados en que la situación del sector educativo mejore, y que la alta inversión que ha venido realizado el Gobierno tenga sus resultados en el mediano y largo plazo.
Pero también es cierto que llegó la hora de tomar decisiones trascendentales para el buen funcionamiento del Sistema. Esto implica exigirles más a los docentes contratados, revisar la nómina del Ministerio en su capítulo de empleados técnicos y administrativos; modernizar la estructura organizacional para hacerla menos rígida y más dinámica; eliminar el clientelismo político de la educación, establecer un sistema de consecuencias conjuntamente con un real sistema de evaluación, y establecer límites al involucramiento de la ADP en la toma de decisiones relativa a la evaluación docente. Cuando todo eso se resuelva, estaremos listos para decir que “llegó la hora de la escuela”.
