Panamá formalizó este lunes su compromiso para entrar en el dispositivo de la OCDE para el intercambio multilateral de información financiera, que pretende poner fin en la práctica al secreto bancario y que se empezará a aplicar desde septiembre.
El director general de ingresos de Panamá, Publio Ricardo Cortés, firmó el acuerdo de la Autoridad Multilateral Competente (MCAA, en sus siglas en inglés) en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de París ante su subsecretario general, Masamichi Kono.
Con ese acto, Panamá se convirtió en la jurisdicción número 98 que se adhiere a ese dispositivo creado para luchar contra la evasión fiscal mediante la puesta en común de las informaciones de las que disponen las entidades financieras de los países implicados, a través de un canal que garantiza la confidencialidad de los intercambios.
La OCDE señaló en un comunicado que al suscribir el acuerdo, el país centroamericano podrá activar relaciones bilaterales con las otras 97 jurisdicciones participantes.
También hizo notar que los miembros del Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales están trabajando para controlar y revisar la implementación del estándar internacional.
Kono felicitó a Panamá por “este muy sustancial paso” para la puesta en marcha de “una verdadera red global de intercambio” y dijo a Cortés que le pone en “una excelente posición” para demostrar “su compromiso”.
El Gobierno panameño había anunciado a mediados de diciembre su voluntad de adherirse a este procedimiento del intercambio multilateral automático, con el argumento de que “la vía bilateral utilizada hasta la fecha no ha sido muy efectiva para la consecución de acuerdos”.
Panamá había salido en junio de una de las “listas negras” del Foro Global sobre la Transparencia Fiscal, que examina el cumplimiento del criterio de intercambio de información a petición de otra jurisdicción.
Pero está sometida a presión desde que a comienzos de diciembre la Unión Europea le puso en su nueva “lista negra” de 17 países y jurisdicciones que no hacen esfuerzos suficientes para combatir el blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
