La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y la Asociación Nacional de Usuarios no Regulados (ANUNR) expresaron que establecer un nuevo cálculo del valor agregado de transmisión, sin cumplir con los acuerdos alcanzados en el Pacto Nacional por la Reforma del Sector Eléctrico, sería una mala señal para el país y para el futuro del sector eléctrico y pidieron la suspensión de las discusiones sobre la variación de la tarifa de peaje a los Usuarios no Regulados.
“Aumentar el peaje de transmisión previo a la firma del Pacto afectaría significativamente a los sectores productivos ya que serían estos los que asumirían los costos del sector eléctrico, lo que le resta competitividad a las empresas y al país como tal”, señalan ambas organizaciones en una comunicación enviada a César Augusto Prieto Santamaría, Superintendente de Electricidad.
Explican que el mismo Pacto establece que “la SIE, en un plazo no mayor a un año después de la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, actualizará y definirá el peaje de transmisión de la ETED para los próximos cuatro años, basado en un estudio técnico y económico”.
Indicaron que cualquier estudio, reforma normativa, propuesta o discusión, cuyo objetivo sea de impacto en el sector eléctrico o esté relacionado con el mismo “debe hacerse tomando en consideración lo acordado en el Pacto Eléctrico, ya que fue el escenario del que emanaron todas las decisiones que tiendan a definir el destino de este importante sector de la República Dominicana”.
La AIRD y ANUNR indican que se encuentran a la espera de que se fije la fecha para fines de firmar el documento consensuado del Pacto Eléctrico, el cual establece un mapa de ruta hacia el desarrollo y la competitividad, el cual ha sido un proceso inclusivo.
“El Pacto fue realizado para proveer un servicio eléctrico bajo los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, razonabilidad y equidad tarifaria, mediante la operación en condiciones de sana competencia, conforme al marco legal, la seguridad jurídica, la promoción de sinergias entre actores públicos y privados, el aprovechamiento de energía renovable, la innovación tecnológica… todo en beneficio del desarrollo nacional sostenible”, expresan las instituciones.
